El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha compartido sus declaraciones sobre el colapso ocurrido el pasado 29 de octubre debido a la DANA (Depresión Aislada en Altos Niveles). En una entrevista reciente, Mazón indicó que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desactivó la alerta hidrológica en tres ocasiones, lo cual, según él, contribuyó al desastre. A pesar de sus afirmaciones, la CHJ ha respondido categóricamente negando dicha acusación y defendiendo su posición.

Mazón subrayó que, a pesar de esas desactivaciones, el 112 de la Generalitat nunca eliminó la alerta, lo que llevó a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Utiel a las 15:21 horas del martes. Insistió en que la alerta hidrológica, crucial para prever desbordamientos, fue ignorada a pesar de que la DANA manifestaba su fuerza en la provincia de Valencia. Afirmó que el agua cubrió calles y hogares, dejando a muchas personas atrapadas antes de que se cruzara el primer aviso oficial.

Sin embargo, desde la CHJ aclararon que ellos no emiten alertas públicas, sino que es responsabilidad de los servicios de emergencia autonómicos lanzar estas advertencias. Este hecho ha generado confusión y un acalorado debate entre la administración regional y la CHJ sobre quién tenía la obligación de informar a la población. La CHJ reveló que, a lo largo del día, el caudal del barranco del Poyo había disminuido significativamente, con registros de 264 metros cúbicos por segundo pasando a 28,70 antes de que se disparara nuevamente el caudal debido a la lluvia intensa.

Además, se ha cuestionado la rapidez de las alertas emitidas a la población. A pesar de que la CHJ informó sobre el riesgo que presentaba el aumento del caudal, fue la Generalitat quien efectivamente lanzó la primera alerta a media mañana de ese día. Mazón, por su parte, señaló que había que dar información más precisa y oportuna a la ciudadanía, ya que en ocasiones anteriores se tuvo información suficiente para prever tragedias.

Durante la reunión convocada a primera hora del martes, donde estuvieron presentes varios organismos de seguridad y la Aemet, se planteó la importancia de actuar rápidamente ante el aumento de agua, pero Mazón contó que no se tomaron decisiones sobre cortes de carreteras. Esta situación llevó al presidente a criticar la falta de coordinación y agilidad en la gestión de crisis en momentos críticos.

Por otro lado, la pregunta que persiste es si la Generalitat pidió la ayuda necesaria al Gobierno de España para coordinar mejor los esfuerzos de rescate y asistencia. Se alega que, si bien la UME fue activada a tiempo, se debió ejercer una mayor dosis de coordinación para maximizar los recursos disponibles.

Todo esto se produce en un contexto donde la población afectada por las inundaciones exige respuestas claras y acciones contundentes ante la gestión de emergencias en su comunidad. La situación ha llamado la atención no solo regional, sino que la polémica ha trascendido al ámbito nacional, donde se plantean interrogantes sobre la preparación y los protocolos para hacer frente a eventos climáticos extremos en España.

Se espera que tanto el Gobierno de la Generalitat como la CHJ sean más transparentes sobre sus roles y responsabilidades, algo que podría ayudar a prevenir futuros desastres. La batalla de declaraciones continúa, pero lo que más ansía la población es una respuesta a la pregunta de por qué se ignoraron tantas señales de advertencia en un momento tan crítico.