Cada cuatro años, las elecciones en las federaciones deportivas ponen de manifiesto las debilidades de un sistema piramidal y clientelar que permite la perpetuidad de presidentes criticados en privado, pero protegidos en público. Este modelo no exige formación, oposición ni resultados, y cuenta con un subsidio del Consejo Superior de Deportes (CSD) de 60 millones de euros públicos. Pero, ¿quién se atreve a cuestionar este negocio oculto?

Eugenio Granjo, conocido como el Robin Hood del deporte, ha denunciado públicamente lo que él califica como "mafias que controlan el deporte en España". La acusación ha sido respaldada por la Fiscalía, que ha solicitado penas de cárcel que suman casi 40 años para varios miembros de la cúpula del taekwondo español, incluyendo al presidente Jesú Castellanos Pueblas y otros dirigentes.

Mientras esperan juicio, esta cúpula sigue controlando la federación y utilizando los servicios de abogados como Borja Osés, que asesora a la cada vez más embadurnada de dinero público Asociación del Deporte Español (ADESP). Osés también ha renunciado a parte de una indemnización millonaria que debían recibir los líderes encausados.

El control de las Juntas Electorales

Las elecciones deportivas han sido puestas en duda. La ley establece que las juntas electorales sean elegidas por una Comisión Delegada que, en muchas federaciones, se encuentra bajo el control de los presidentes que buscan la reelección. La falta de transparencia en este proceso suscita interrogantes sobre la efectividad de la nueva Ley del Deporte y la verdadera función del CSD.

El poder detrás del trono

Abogados como Ana Ballesteros y Borja Osés han emergido como figuras clave en el ámbito electoral deportivo. Sus decisiones, acercándose a la cúpula del poder en las federaciones, a menudo parecen favorecer a quienes están en el poder. Javier Cáceres, excandidato a la presidencia de la Federación Española de Remo, ha denunciado su influencia negativa en el sistema.

El caso de Ballesteros es notable; ha presidido varias juntas electorales y recientemente fue designada presidenta de la comisión electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un cargo que plantea serios conflictos de intereses al manejar simultáneamente procesos electorales.

Además, su cercanía con Manuel Lalinde, jefe de gabinete de la RFEF y estrecho colaborador, y Rosa Rodríguez Jackson, secretaria de la comisión electoral, sugiere un monopolio de poder que podría estar dañando el sistema. Críticos han vinculado esta red de conexiones con la perpetuación de un modelo corrupto que beneficia a unos pocos en el debate de las elecciones de federaciones como remo y piragüismo.

Los lobbies en el ámbito jurídico

El despacho de Juan Antonio Landaberea también juega un papel crucial en este entramado. Borja Osés, asesor en diversas federaciones y presidente de la Junta Electoral de remo, ha sido señalado por sus conexiones con la ADESP. La interrelación entre sus roles crea un aparente conflicto de intereses que deja abierta la puerta a la especulación sobre la integridad de las elecciones.

Aprovechar el poder del COE

El Comité Olímpico Español (COE) también presenta un patrón de conexiones problemáticas. La intención de su presidente, Alejandro Blanco, de controlar la justicia deportiva es una cuestión crítica en un entorno ya cargado de sospechas sobre la imparcialidad de los procesos electorales.

En conclusión, el panorama del deporte español está plagado de tensiones, corrupción y un complicado entramado de influencias que favorecen a quienes están en el poder. A pesar de las promesas de reformas y mayor participación democrática, la realidad es que los lobbys jurídicos parecen haber tejido un entramado que protege sus intereses, desalentando cualquier intento de transparencia y renovación.

*Este artículo no implica acusaciones de ilegalidad hacia ningún individuo. Se presentan hechos que han sido observados en la realidad actual del deporte español.