Paula Josette Arizona, una joven de 23 años, perdió la vida el 15 de enero de 2024 en situaciones que aún causan gran conmoción y confusión. Su muerte, ocurrida durante una visita conyugal en el Cereso II de Hermosillo, Sonora, ha sido objeto de múltiples teorías y una serie de irregularidades que han indignado a su familia y a la sociedad. La fiscalía sostiene que su fallecimiento se debió a un infarto fulminante, pero las evidencias apuntan hacia un escenario de violencia, con un nuevo peritaje que sugiere asfixia como posible causa de muerte. La familia de Paula exige justicia y que su muerte sea tratada como un feminicidio, al sentir que el sistema ha fallado en protegerla.

El 14 de enero, Paula ingresó a la prisión a las 18:00 horas, acompañada por una amiga, para reunirse con dos reclusos que habían conocido a través de Facebook. Según testimonios, Paula accedió al penal sin identificación oficial, un primer indicativo de las negligencias que rodearon su visita. Tres horas más tarde, fue declarada muerta.

Durante su encuentro con Carlos Alexis Romero, uno de los prisioneros, se afirma que él alertó a los guardias de que Paula había "se desmayado". Sin embargo, no había médicos en el penal esa noche, y fue llevada al Hospital General de Hermosillo en una camioneta penitenciaria. Aquí surgen dos versiones sobre su muerte: las autoridades insisten en que murió en camino al hospital, mientras que el peritaje forense indica que es muy probable que falleciera dentro del centro. El forense Horacio Valero ha declarado que la idea de un infarto es un intento de encubrir la verdadera causa del deceso.

A las 22:42 se registra su ingreso al hospital, casi una hora después de haber sido encontrada inconsciente. El médico de guardia confirmó su deceso a las 22:49 debido a una parada cardiorrespiratoria, aunque también se señala que eso no se traduce automáticamente en un infarto. Según Valero, las fallas en la atención médica y la investigación administrativa son alarmantes y han dejado a las víctimas y sus familias en un estado de indefensión.

Se pone en duda la calidad de la autopsia, realizada por un médico sin debida acreditación, lo que evidencia un problema sistémico en las fiscalías del país. Valero señala que no existe evidencia de un infarto, y el hallazgo de lesiones compatibles con asfixia mecánica complica aún más el caso. Las lesiones observadas en el cuerpo de Paula fueron subestimadas en la autopsia inicial, lo que ha llevado a la crítica de que la falta de un análisis exhaustivo ha perjudicado la búsqueda de la verdad.

Además, se reporta que Paula tenía petequias –pequeños puntos rojos en la piel–, una señal que puede estar relacionada con la asfixia. La madre de Paula, Briceida Arizona, ha expresado su desesperación al no haber podido ver el cuerpo de su hija ni recuperar sus pertenencias tras el evento. La ausencia de cámaras de vigilancia que registren aquellos momentos fatídicos, así como errores y omisiones evidentes en el protocolo de atención médica, levantan serias sospechas sobre lo que realmente ocurrió esa noche.

Un año después, lo que ocurrió en esa celda sigue siendo un enigma, dejando muchas preguntas abiertas: ¿Cómo pudo un prisionero tener acceso a redes sociales y contactar a mujeres afuera? ¿Por qué se permitió que una mujer sin identificación oficial tuviera acceso a una visita conyugal? ¿Qué responsabilidades tienen las autoridades penitenciarias en este trágico caso? La lucha por justicia continúa, mientras la familia de Paula espera respuestas y busca un cambio en un sistema que parece haber fallado una vez más en proteger a sus ciudadanos.