Según un reciente estudio elaborado por la asociación de colegios privados Cicae, las cuotas mensuales en colegios concertados que funcionan como empresas privadas pueden ser sorprendentemente altas. De hecho, el promedio asciende a 108,38 euros, casi el doble que en instituciones religiosas, donde la media se sitúa en 83,48 euros. Esta diferencia se da en un contexto donde más de dos millones de estudiantes en España asisten a estos centros, lo que nos lleva a cuestionar la naturaleza de la financiación en la educación.

El 79,4% de los 321 colegios examinados en siete comunidades autónomas cobra una cuota base a las familias, y en un alarmante 72% de los casos, esta cuota no es opcional. Esto plantea serias dudas sobre la legalidad de tales prácticas, ya que contravienen el principio de gratuidad del sistema educativo público.

El informe de Cicae destaca la competencia desleal que sienten frente a la subcontratación de la educación pública. Mientras que estos colegios reciben financiación del Estado, las cuotas familiares les permiten complementar sus ingresos. En algunas ocasiones, incluso se les proporciona suelo gratis para construir, lo que ha llevado a un debate sobre la equidad en la educación.

Por si fuera poco, un estudio de EsadeEcPol reveló que las familias podrían estar pagando hasta mil millones de euros anualmente en estas cuotas. ¿Qué sucede, entonces, con la falta de transparencia en el sector educativo? Esta cifra evidencia la urgencia de revisar cómo se gestionan los recursos en la educación concertada.

Un aspecto alarmante es que, a pesar de ser financiados de manera similar, los colegios cobran cuotas muy distintas. Esto ha llevado a cuestionar la infraestructura de financiación, con voces como las de Elena Cid de Cicae pidiendo claridad en el sistema: “Si todos están financiados por igual, ¿por qué algunas instituciones no cobran nada y otras llegan a mil euros?”

Las diferencias se amplifican en función de la naturaleza de los colegios. Aquellos que operan con ánimo de lucro suelen cobrar significativamente más que los que no lo tienen, reflejándose en una cuota media de hasta 149 euros mensuales en colegios con fines lucrativos. En cambio, las instituciones sin ánimo de lucro exigen un aporte mensual menor.

Si bien algunos centros hacen referencia a la obligatoriedad de pagar estas cuotas, hay testimonios que sugieren que la falta de pago puede resultar en una exclusión sutil pero efectiva de actividades. En muchos casos, familias reportan que si no abonaban la cuota, sus hijos podrían llegar más tarde a clase o verse excluidos de actividades consideradas 'extraordinarias'.

Cataluña se destaca como la comunidad con la cuota más alta, con un promedio de 177,68 euros y picos que alcanzan los 510 euros en ciertas instituciones. Estas cifras contrastan notablemente con comunidades autónomas como Galicia y Andalucía, donde las cuotas promedio son significativamente más bajas, apenas alcanzando los 49 y 42 euros mensuales, respectivamente.

La situación es preocupante y evidencia la necesidad urgente de una revisión del marco normativo que rige las cuotas en la educación concertada. Con tantas discrepancias en las cuotas, un consenso claro y equitativo podría ser la clave para garantizar una educación accesible a todos los estudiantes en España. ¿Qué cambios se implementarán para asegurar la transparencia y la justicia en la educación? Solo el tiempo lo dirá.