La Policía Nacional ha desmantelado las acusaciones de "espionaje masivo" dirigidas hacia los diputados de Podemos, y ha enviado una serie de informes al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Estos documentos buscan esclarecer si los 55 diputados que la formación adquirió en 2015 fueron blanco de una guerra sucia contra el partido.

Contrario a las alegaciones del partido, los informes indican que las búsquedas de los nombres de los diputados en las bases de datos policiales estaban relacionadas con gestiones rutinarias. Estos informes abarcan desde trámites de denuncias hasta renovaciones de documentación, como ya había informado este diario.

Pablo Iglesias, el exsecretario general de Podemos, recibió protección policial debido a amenazas reales de grupos ultraderechistas. Uno de los documentos también menciona a Ione Belarra, actual secretaria general de Podemos, cuyas búsquedas en bases de datos policiales se realizaron durante una manifestación en 2016, atribuidas a "controles aleatorios". El agente responsable de estas búsquedas ya está jubilado, y no se encontraron rastreos exhaustivos sobre Belarra.

Además, un inspector en Melilla explicó que su búsqueda sobre Belarra fue puramente por curiosidad, relacionada con una visita de una Comisión Ministerial en 2016. Por otro lado, otro diputado de Podemos tuvo su nombre asociado a un acta de propuesta de sanción por posesión/consumo de drogas en 2015, lo que generó más dudas sobre las acciones previas de la Policía.

Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, fue objeto de investigaciones debido a su presencia en la vía pública, donde las fuerzas policiales realizaron consultas sobre sus antecedentes. Lamentablemente, algunas de estas búsquedas fueron erróneas, como ocurrió con Irene Montero, donde funcionarios confundieron su nombre con otros individuos con apellidos similares.

Este escándalo ha surgido en un momento en que la cúpula del partido ha denunciado un presunto "espionaje masivo" y ha tomado medidas legales. La causa fue abierta a raíz de una querella presentada por Podemos, lo que llevó a Pedraz a recibir 55 archivos de Excel que contenían todas las búsquedas realizadas sobre los diputados en las bases de datos policiales. La Policía, al ser interrogada, tuvo que justificar cada búsqueda, dejando al descubierto la falta de sustento de las acusaciones de espionaje.

¡No te pierdas este emocionante giro en la historia de Podemos! ¿Es realmente un acto de espionaje o solo un malentendido? La verdad está saliendo a la luz.