La Comisión Europea ha decidido, tras una votación entre los representantes de los Veintisiete, imponer un arancel de hasta el 35% a los coches eléctricos fabricados en China. Esta medida, que se aplicará por un periodo de hasta cinco años, tiene como objetivo proteger la industria automovilística europea en un contexto de creciente competencia internacional. "Estamos abiertos a encontrar una solución negociada con China", afirmó un portavoz de la Comisión tras el resultado.

La propuesta ha generado una profunda división entre los Estados miembros: 10 votaron a favor, 5 en contra y 12 se abstuvieron, entre ellos España. A pesar de haber apoyado los aranceles en una votación previa en julio, el presidente Pedro Sánchez sugirió recientemente reconsiderar esta decisión durante su visita a China. Los países que también se abstuvieron incluyen Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Portugal, Rumania y Suecia. Mientras tanto, Alemania cambió su postura de abstención a oposición, uniéndose al mismo frente que Hungría, Malta, Eslovaquia y Eslovenia. Francia, Italia y los Países Bajos, por su parte, respaldaron la iniciativa de Bruselas, que busca no solo contener prácticas desleales, sino también implementar una estrategia económica más firme en el ámbito global.

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, defendió la abstención de España, argumentando que refleja un deseo de llegar a una "solución negociada para proteger un sector estratégico como la automoción" y evitar tensiones innecesarias con un socio clave como China.

En caso de que las negociaciones no surtan efecto, los aranceles podrían entrar en vigor el 31 de octubre. Estos aranceles ya estaban en aplicación provisional desde julio, tras una investigación que reveló el uso de subsidios encubiertos por parte del gobierno chino para apoyar a sus empresas automovilísticas. Sin embargo, no se estaban cobrando en efectivo, sino en forma de garantías bancarias, las cuales Bruselas ha decidido liberar.

Fuentes diplomáticas han indicado que podría haber represalias comerciales que Pekín ya tendría preparadas. Aunque hasta el momento, China solo ha emitido un comunicado condenando el "proteccionismo económico" de Europa, la incertidumbre persiste respecto al alcance de estas posibles medidas de respuesta. Sectores como el porcino y bebidas alcohólicas, en especial el brandy, están entre los más vulnerables, dado que se sospecha que estas áreas son objeto de retaliación por las acciones europeas contra los coches eléctricos.

Bruselas ha instado a que se continúe buscando soluciones que corrijan los daños causados por las ayudas estatales chinas. El ministro Cuerpo alentó la búsqueda de un acuerdo basado en fórmulas de precios mínimos de entrada, lo cual podría facilitar los diálogos entre ambas partes y mitigar las tensiones comerciales.

Mientras tanto, tras los ajustes técnicos, Bruselas ha propuesto diferentes tarifas arancelarias según los fabricantes: un 7.8% para Tesla, 17% para BYD, 18.8% para Geely, y 35.3% para SAIC y otras empresas que no colaboraron durante la investigación. Si no se alcanza un acuerdo con Pekín antes de final de mes, la nueva normativa se publicará en el Diario Oficial de la UE el 30 de octubre. En caso de un acuerdo, los aranceles podrían ser suspendidos temporalmente para aquellas empresas que logren establecer precios competitivos en el mercado europeo.