Un paso decisivo contra la inseguridad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un paso audaz al solicitar permiso a la Delegación del Gobierno en Canarias para instalar siete nuevas cámaras de videovigilancia en cuatro de los barrios más críticos de la ciudad: Vegueta, Triana, Lugo y Santa Catalina. Si se autoriza, estas cámaras permanecerían activas durante un máximo de un año.

Zonas en la mira: ¿Por qué estas áreas?

Según la solicitud, los puntos seleccionados están marcados por elevadas tasas de actividad delictiva y actos que amenazan la seguridad ciudadana. El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, y la jefa de Policía Local, Carmen Delia Martín Mederos, han subrayado la necesidad de este refuerzo.

Una ciudad con vida... y peligros

Las áreas elegidas son caldo de cultivo para una variedad de actividades comerciales y de ocio, lo que atrae a una gran multitud. Desafortunadamente, esto también conlleva un aumento en la criminalidad. La solicitud destaca no solo la inseguridad objetiva, sino también el malestar y la sensación de peligro que padecen los residentes, trabajadores y turistas.

Un aumento alarmante en la conflictividad social

Las Palmas de Gran Canaria no solo enfrenta un aumento en los delitos, sino que también ha visto un incremento en la conflictividad social. Se ha indicado que las intervenciones policiales son frecuentes, especialmente por casos relacionados con tráfico de drogas, agresiones y disturbios, tanto en el día como en la noche, siendo estos problemas aún más evidentes los fines de semana.

Privacidad garantizada: Sin audio en las cámaras

El Ayuntamiento propone que las cámaras instaladas no graben sonido, protegiendo así los derechos individuales relacionados con el honor y la intimidad. Este enfoque busca erradicar la posibilidad de grabar conversaciones privadas, manteniendo un delicado equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.

La aprobación de la videovigilancia: un proceso meticuloso

Antes de proceder, la solicitud debe ser revisada y aprobada por la Comisión de Garantía de la Videovigilancia, un órgano encargado de evaluar la adecuación de la instalación de estos equipos. Esta comisión está compuesta por altos funcionarios, incluyendo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, garantizando así un proceso justo y riguroso.

Un futuro más seguro a la vista

La intención de Las Palmas de Gran Canaria de desplegar estas cámaras es una clara señal de su compromiso con la seguridad ciudadana. Al enfrentar el reto de la inseguridad con medidas proactivas, la ciudad se posiciona en la vanguardia de la protección y el bienestar de sus ciudadanos.