La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha defendido a su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, argumentando que no cometió ningún delito al difundir información relacionada con el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El asunto ha generado gran controversia en los medios de comunicación y entre los ciudadanos, ya que la revelación de datos confidenciales puede tener serias implicaciones legales y éticas. La Fiscalía del Supremo ha mostrado interés en saber si procederá con la imputación de García Ortiz por este asunto, lo que ha añadido tensión al debate.

Fuentes cercanas al caso han señalado que esta defensa de la teniente fiscal podría intentar disuadir cualquier medida que busque responsabilizar al fiscal general por su conducta, resaltando que en su actuación no hubo intencionalidad de perjudicar la reputación del sistema judicial.

Además, este incidente pone de relieve las tensiones existentes entre la Fiscalía y los políticos, ya que muchos críticos argumentan que la independencia judicial está en juego. El público sigue expectante ante los próximos pasos que tomará la Fiscalía para aclarar este tema tan controversial, donde la transparencia y la ética en el ejercicio de la función pública son esenciales.