El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tomado una decisión trascendental al suspender cautelarmente la instrucción del Gobierno canario que prohibía a las ONG gestionar la acogida de menores migrantes sin autorización previa. Esta resolución llega tras una denuncia presentada por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que alertó sobre la urgencia de proteger a los menores no acompañados que ya están siendo atendidos en los centros existentes.

La decisión judicial tiene un impacto inmediato y significativo, ya que la instrucción del Gobierno suponía que los nuevos menores migrantes que llegaran a las costas de Canarias no serían recibidos automáticamente por las ONG, sino que su acogida quedaría supeditada a la autorización de las autoridades competentes.

En días recientes, el mismo tribunal ya había suspendido un protocolo de atención a estos menores que había aprobado el Gobierno canario, el cual establecía trámites más prolongados para la recepción de niños y adolescentes llegados en patera, en una acción que generó controversia y llevó el enfrentamiento político a un nuevo nivel.

El TSJC argumenta que la suspensión es necesaria para proteger a este colectivo vulnerable y evitar que la nueva normativa pueda alterar el procedimiento de entrega y asistencia a los menores, comprometiendo así sus derechos y bienestar. Aunque esta medida es provisional, ofrece un alivio inmediato a la situación crítica que enfrentan aproximadamente 5,400 menores migrantes sin tutela legal en el archipiélago, un número alarmante que reflejan las dificultades del sistema de acogida actual.

A raíz de la suspensión, Rafael Escudero, Secretario General de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, celebró la decisión afirmando que era fundamental para garantizar la protección de los menores. Asimismo, instó al Gobierno canario a abordar esta problemática con un enfoque más colaborativo y menos partidista, enfatizando la necesidad de devolver a la normalidad la asistencia a estos niños en lugar de usar la ley como una herramienta de confrontación.

Este conflicto entre el Gobierno canario y el central está en el trasfondo de la crisis migratoria en España, donde los debates sobre la ley de extranjería han generado tensiones y desacuerdos, especialmente tras la caída de una propuesta clave en el Congreso que prometía una mejor distribución de los menores migrantes en el país.

Además, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha manifestado su intención de buscar una solución antes de su próxima reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro que algunos ven como una última oportunidad para llegar a un consenso sobre el delicado tema de la migración. Sin embargo, la situación actual pone de manifiesto una clara falta de coordinación y comunicación que afecta directamente a los más vulnerables.

En este contexto, las opiniones sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias siguen polarizadas, con voces que no sólo claman por una mayor atención hacia los menores, sino también por un enfoque que priorice la unidad y la solidaridad en lugar de la división política.