¿Por qué la indignación?

Los sindicatos policiales, entre los que destacan Jupol y SUP, junto con la mayoría del personal de la Guardia Civil representado por Jucil, han estallado en críticas hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La gota que colmó el vaso fue la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista en Madrid, lo que desató un torbellino de protestas exacerbadas por el apoyo de Sánchez a las manifestaciones contra la situación en Gaza.

Seguridad en la cuerda floja

Los representantes de estas organizaciones alegan que el dispositivo de seguridad fue insuficiente, poniendo en riesgo tanto a los cuerpos policiales como a la ciudadanía en general. El sindicato Jupol lanzó el primer dardo, acusando a los políticos que promovieron las protestas de ser parte de la 'violencia' que se ha suscitado, aunque no señalaron directamente a Sánchez.

La controversia se intensifica

A pesar de no mencionar al presidente, otros sindicatos como el SUP y Jucil sí lo hicieron explícitamente, mostrando su descontento por su participación activa en el apoyo a manifestaciones que, según ellos, distorsionan la autoridad y la imagen del Estado.

Agentes al límite

Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, defendió la labor de los agentes de la UIP, quienes, según él, actuaron dentro de los límites que se les permitieron. Declaró que ya habían advertido sobre la dificultad de garantizar la seguridad, pero las imágenes de la violencia desatada hablan por sí solas, con escenas de vandalismo durante el evento deportivo.

Un llamado a la acción política

El SUP añadió que el Gobierno ha dejado a las fuerzas policiales "atadas de pies y manos", señalando que en condiciones normales, La Vuelta no habría enfrentado una situación tan caótica. Los sindicatos han exigido que se asuman responsabilidades por lo que consideran un 'fracaso estrepitoso' en las medidas de seguridad.

La lucha por la paz frente al caos

La Federación de Policía (UFP) también denunció que el apoyo político a las protestas ha generado una atmósfera de impunidad, advirtiendo que no se puede pedir paz mientras se actúa con violencia.

Un panorama conflictivo para el Gobierno

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), se ha requerido una 'condena inmediata' hacia quienes crearon el ambiente que propició los disturbios. La situación se presenta tensa no solo para el Gobierno, sino también para la imagen de España en el escenario internacional.