Un grupo de aproximadamente 120 estaciones de servicio, organizadas bajo la plataforma Afectados por las Petroleras, han lanzado una poderosa demanda contra las gigantes petroleras Repsol, Moeve (anteriormente conocida como Cepsa) y BP, reclamando 600 millones de euros. Esta acción legal se basa en la acusación de que estas empresas han manipulado los precios de los carburantes durante más de 30 años.

La denuncia se origina tras la reciente confirmación del Tribunal Supremo, que ha establecido la existencia de prácticas ilegales por parte de estas petroleras, que habrían colaborado para fijar tanto directa como indirectamente el precio de venta en sus estaciones de servicio. Esta situación ha sido documentada a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 20 de abril de 2023, la cual establece que estos contratos incluyen mecanismos indirectos de fijación de precios que ya habían sido identificados en una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNC) en 2009.

La plataforma también ha señalado que estas prácticas restrictivas no solo perjudican los intereses de los consumidores, sino que también distorsionan la libre competencia en el mercado. Esto se traduce en un impacto directo en los patrimonios de los operadores económicos involucrados, quienes han sufrido gravemente debido a estas conductas anticompetitivas.

La demanda inicial se centra en anular los contratos en cuestión y evaluar los daños económicos causados por las prácticas colusorias a más de 100 gasolineras que se han sumado a la lucha. Se estima que el montante total de la reclamación ascendería a sorprendentes 600 millones de euros.

A pesar de la magnitud del caso, solo alrededor del 5% del total de gasolineras potencialmente afectadas ha formalizado su adhesión a la plataforma hasta ahora. Por ello, la organización continúa aceptando nuevas incorporaciones, anticipando que el número de estaciones de servicio que se unan a la demanda crecerá significativamente en los próximos meses.

Este escándalo resalta la urgente necesidad de una regulación más estricta en el sector energético y pone de manifiesto cómo los consumidores y pequeños empresarios pueden ser afectados por la falta de competencia efectiva. ¿Estaremos ante un cambio de paradigma en la industria petrolera española? La batalla legal acaba de comenzar y muchos observan con atención los próximos movimientos en este intrigante caso!