La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido que se archive la solicitud de imputación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos reservados relacionados con Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En su informe, Sánchez Conde sostiene que la divulgación de esta información no constituye un delito.

Este caso se remonta a la querella presentada por González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid contra dos fiscales, acusando de la filtración de datos que ya habían sido objeto de reportes en diversos medios de comunicación. En julio pasado, el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitó que se imputara a García Ortiz, después de que un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía Superior de Madrid diera a conocer detalles de las negociaciones entre la defensa de González Amador, quien enfrenta acusaciones de fraude fiscal, y el Ministerio Fiscal.

Sánchez Conde argumenta en su informe que la información divulgada en la nota de prensa "era de conocimiento público" y que no se trató de una revelación de secretos. Además, destaca que los detalles sobre la investigación por delitos fiscales ya habían sido publicados previamente por diferentes medios, lo que sugiere que la filtración no causó daño jurídico alguno.

Según la teniente fiscal, el contenido de la nota informativa era correcto y no se puso en duda su veracidad en ningún momento. Asimismo, se hace hincapié en que más de una docena de fiscales y varios funcionarios tenían acceso a la dirección de correo electrónico implicada en el caso.

La tensión en el entorno del Ministerio Público ha aumentado, ya que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, había mostrado su desacuerdo respecto a la divulgación de esta nota informativa. Sánchez Conde, en su defensa de García Ortiz, argumenta que la decisión de hacer pública la información se tomó en respuesta a una ofensiva mediática impulsada por el entorno de la Presidencia madrileña. Se reveló que, antes de la difusión del comunicado, García Ortiz había transmitido mensajes urgentes a Lastra para asegurar que la información se comunicara sin demora para controlar la narrativa mediática.

Este caso ha desatado un amplio debate sobre la ética y la transparencia en las instituciones del sistema judicial español, creando un entorno donde la filtración de datos puede ser interpretada de maneras muy distintas según los intereses involucrados. Los próximos pasos en esta investigación provocarán gran expectación en el ámbito político y mediático, dado el perfil de los implicados.