La guerra en Ucrania se adentra en su tercer año, mientras las esperadas negociaciones de paz avanzan a un ritmo exasperante. En este contexto, la democracia en el país se ve comprometida por el conflicto y las tensiones políticas del pasado. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha cambiado la narrativa que durante años acostumbró Occidente a sostener, sugiriendo un giro del apoyo estadounidense hacia Ucrania hacia una postura más favorable a Moscú. En febrero pasado, Trump calificó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, como un "dictador sin elecciones", un argumento que respalda el Kremlin para cuestionar la legitimidad de Zelenski en las negociaciones de paz. Un requisito fundamental que exige Rusia para cualquier acuerdo es la celebración de elecciones en Ucrania.

La madrugada del 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin lanzó una "operación militar especial" contra Ucrania, lo que llevó a Zelenski a implementar la ley marcial. Desde entonces, con el respaldo del Parlamento, ha prorrogado repetidamente este estado de emergencia. Esta situación otorga poderes excepcionales a las fuerzas armadas y suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del hogar y la libertad de expresión y reunión. Aunque el mandato de Zelenski terminó en mayo pasado, sigue en el cargo sin llevar a cabo elecciones, ya que la Constitución ucraniana prohíbe los comicios bajo el estado de emergencia.

Olha Aivazovska, quien lideraba la supervisión democrática en Ucrania antes del inicio de la guerra, comenta que las elecciones solo podrán realizarse una vez termine la ley marcial y haya transcurrido, al menos, seis meses desde su fin. Además, señala que "no es realista" pensar que se podrían llevar a cabo elecciones en un país que sufre ataques constantes, ya que muchos problemas deben resolverse antes del proceso electoral.

A día de hoy, solo en 2019 más de 30 millones de ucranianos fueron convocados a votar, un derecho que ahora muchos no podrán ejercer. Aproximadamente 6,5 millones de ucranianos residen como refugiados en el extranjero, 3,5 millones están desplazados dentro del país y un millón se encuentra en el frente de guerra, que abarca más de 2.100 kilómetros. La infraestructura tecnológica necesaria para unas elecciones seguras ha sido severamente afectada por los bombardeos, lo que hace casi imposible garantizar un proceso electoral transparente y fiable.

Además, aquellos que viven bajo control ruso no tendrían la oportunidad de votar. En la actualidad, Moscú ocupa cerca de una quinta parte de Ucrania, ejerciendo control sobre el 75% de las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón, más del 99% de Lugansk y toda la península de Crimea, anexada de manera ilegal en 2014. A pesar de las circunstancias, en 2019 Ucrania llevó a cabo elecciones en medio de un conflicto armado, lo que permitió que algunos votaran aunque enfrentaran desplazamientos debido a la ocupación. Viktor Savkiv, un politólogo ucraniano, asegura que la situación actual es diferente: "Todo el país está en peligro".

Un 70% de la población ucraniana se opone a la celebración de elecciones, incluso si se lograra un alto el fuego o se establecieran garantías de seguridad. Esta oposición ha crecido a medida que se percibe que Washington intenta imponer una solución favorable a su propio interés en Ucrania. Ivan Gomza, politólogo y profesor en la Escuela de Economía de Kiev, opina que existe una fuerte indignación entre la población, que siente que su voluntad está siendo ignorada.

No obstante, la Rada Suprema, el parlamento ucraniano, continúa en funcionamiento, aunque de una manera diferente. El número de deputados ha disminuido de 423 a 401 debido a muertes en combate y la exclusión de ciertos miembros por actividades sospechosas de ser prorrusas. Las discusiones en la cámara se centran en el contexto bélico y las decisiones cruciales en defensa y seguridad son aprobadas con amplia mayoría interpartidista. Aivazovska señala: "Durante la guerra, la seguridad debe ser una prioridad". Las sesiones parlamentarias son escasas y se organizan en el último momento debido a preocupaciones de seguridad. Gomza añade irónicamente que si todos los 400 diputados murieran en un ataque, el país enfrentaría un verdadero problema constitucional.