Este año, el Tesoro Público español tiene la intención de emitir 278.448 millones de euros en deuda. Su objetivo es colocar esta cantidad en los mercados financieros al menor coste posible. Esto no es una especulación alarmista, sino un dato oficial comunicado por el Ministerio de Economía hace poco. Como es habitual, a principios de enero, el Tesoro presentó su Estrategia de Financiación para 2025, un informe que, sorprendentemente, ha pasado desapercibido en la atención mediática.

Entre 2010 y 2015, la situación era radicalmente diferente, donde cada movimiento del Tesoro y cada emisión de deuda eran analizados minuciosamente. La incertidumbre sobre la capacidad del Estado para financiarse provocó una intensa preocupación. Hoy, ese clima de alerta parece haber desaparecido, y la atención se ha desviado a otros temas, aunque desde Libre Mercado se sostiene que esta cifra es de suma relevancia.

Recientemente, el ministro de Economía hizo unas declaraciones optimistas tras el Consejo de Ministros al referirse a las necesidades de financiación, señalando que se establecen en 60.000 millones para 2025 con flexibilidad para afrontar la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales como la DANA. Sin embargo, esto es solo una fracción de la realidad, ya que el resto de la deuda, es decir, 218.448 millones, corresponde a refinanciaciones de deuda que ya vence.

Este año representa un récord de emisiones para España. Nunca antes el Estado había emitido tales cantidades en un solo ejercicio. Sin embargo, surge la inquietud de que, a pesar de esta aparente solidez, estamos, en ciertos aspectos, tan vulnerables como en el pico de la crisis de 2012. El optimismo que demuestran los responsables económicos parece ignorar que el apoyo del Banco Central Europeo ha sido decisivo para mantener la estabilidad, y que cualquier cambio en esa dinámica podría ser perjudicial.

El cuestionamiento sobre quién está comprando nuestra deuda es inevitable. Aproximadamente el 44,1% está en manos de no residentes, principalmente grandes fondos de inversión. Este hecho puede resultar inquietante en momentos de inestabilidad, cuando estos inversores pueden decidir desertar.

Además, cabe mencionar que el peso de la deuda respecto al PIB ha disminuido, en parte, gracias a la inflación y el crecimiento nominal de la economía española. Sin embargo, esto no debería hacernos perder de vista la necesidad de tomar medidas responsables en la gestión de nuestras finanzas públicas. La dependencia del endeudamiento es alarmante y las preguntas sobre nuestra sostenibilidad financiera son más que válidas.

Por último, la gran interrogante es: ¿vale la pena el crecimiento que proclama el Gobierno si estamos literalmente hipotecados? La cantidad que destinamos solo para pagar intereses supera los 40.000 millones anuales, lo que nos lleva a cuestionar qué sucederá el día en que los mercados cambien de rumbo. Sin tesorería consciente de su situación, seguir confiando en el crecimiento bajo este paradigma es un riesgo que podría llevarnos a una nueva crisis.

En resumen, el futuro de la economía española podría estar en juego si no se toman acciones concretas ahora. La inacción podría salir carísima cuando menos lo esperemos.