En un giro inesperado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado prescritas las acusaciones contra María Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto, por su implicación en el secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, ocurrido en 1997. Este veredicto ha desatado una ola de reacciones en toda España, poniendo de manifiesto las tensiones políticas y sociales que aún persisten en torno a la historia del terrorismo en el país.

El tribunal ha aceptado el recurso presentado por el abogado de Iparraguirre, y la Fiscalía ha respaldado esa decisión, argumentando que han pasado casi 25 años desde el crimen, superando el plazo de prescripción establecido de 20 años. Los magistrados han destacado que continuar con el proceso sería una violación de los principios legales básicos y una amenaza a la seguridad jurídica.

La decisión representa un duro golpe para las acusaciones populares, incluyendo al Partido Popular, que buscaban la aplicación de una ley que se instauró en 2010 y que consideraba imprescriptibles los crímenes de terrorismo que resultaron en muertes. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esta interpretación de forma contundente, advirtiendo que no existen precedentes jurídicos que respalden una retroactividad de la ley penal en este contexto.

Es importante recordar que el caso de Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión en la lucha de España contra ETA, generando un clamor nacional por la justicia y el fin del terror. Su asesinato conmocionó al país y provocó movilizaciones masivas en defensa de los derechos humanos y en contra del terrorismo. La resolución de este tribunal revive las heridas abiertas por aquellos oscuros episodios de la historia reciente de España.

El magistrado Manuel García-Castellón también había citado a declarar previamente a otros exlíderes de ETA, relacionados con el caso. La audiencia de recursos se llevó a cabo a finales de septiembre y esta sentencia no es el último capítulo de lo que podría ser un largo proceso legal, pues aún quedan pendientes decisiones sobre otros acusados.

Las implicaciones de este veredicto serán objeto de debate en los próximos meses, y los grupos de víctimas del terrorismo han expresado su descontento, advirtiendo de la necesidad de que se haga justicia. El exministro del Interior ha asistido a la controversia con preocupación, señalando que la lucha contra el terrorismo y sus consecuencias aún no han terminado para muchas familias.

La Audiencia Nacional ha enfatizado que su decisión es un acto de defensa del Estado de Derecho en un contexto en el que ciertos grupos intentan desestabilizar las estructuras democráticas de España. Sin embargo, el hecho de que ciertos terroristas puedan eludir la justicia ha generado un debate social intenso sobre la efectividad de las leyes actuales contra el terrorismo y la memoria de las víctimas.