La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha levantado la voz ante la reciente absolución del futbolista Dani Alves por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). En un comunicado alarmante, han advertido sobre el grave riesgo de que esta decisión pueda conducir a “verdaderas situaciones de impunidad” que perjudican a mujeres y menores que son víctimas de delitos sexuales.

En su declaración, la AMJE subraya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que la declaración de la víctima puede ser suficiente para respaldar una sentencia condenatoria, incluso si es la única prueba presentada. Este principio es fundamental para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y tomadas en serio.

El TSJC revocó la condena de cuatro años y medio de cárcel que pesaba sobre Alves por la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, argumentando que el testimonio de la denunciante no era “fiable” y que no había suficientes pruebas para corroborarlo. Esta decisión contrasta con la valoración realizada anteriormente por la Audiencia de Barcelona, que sí dio credibilidad a la denuncia.

Las mujeres juezas han reconocido la dificultad inherente al trabajo judicial cuando se trata de evaluar el relato de las denunciantes. Aseguran que, aunque la presunción de inocencia es un principio fundamental, cuando los tribunales requieren un estándar de prueba excesivamente alto, como lo hizo el TSJC al cuestionar las contradicciones en el relato de la víctima, se corre el riesgo de desvirtuar la jurisprudencia del Supremo. Esto, a su vez, podría llevar a la negación de la posibilidad de condenar basándose en la declaración de la víctima.

"Analizar las declaraciones de las víctimas con un enfoque excesivamente crítico y restando importancia a las pruebas periféricas puede dar lugar a una situación alarmante donde la impunidad prevalezca", advierte el comunicado de la AMJE. Este enfoque podría tener consecuencias devastadoras para víctimas y para la justicia misma, poniendo en peligro los avances logrados en la protección de las víctimas de delitos sexuales.

La asociación enfatiza que se debe proteger el camino abierto para garantizar la seguridad de las víctimas y no se deben dejar que retrocesos en la justicia vuelvan a cerrar esas puertas. Este caso pone de relieve no solo la necesidad de una evaluación justa de todas las denuncias, sino también la relevancia de asegurar un entorno en el que las víctimas se sientan seguras para denunciar. En tiempos en los que la justicia parece tambalearse, ¿estamos realmente dispuestos a retroceder? Las mujeres y los menores merecen que sus voces sean escuchadas y respetadas.