La Abogacía del Estado ha lanzado graves acusaciones contra el juez del Tribunal Supremo, quien lleva a cabo la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Según la Abogacía, este juez ha omitido pruebas fundamentales que podrían exonerar a los investigados, y ha basado algunas de las imputaciones en meras opiniones, sin sustento probatorio sólido.

Los servicios jurídicos de la Administración han interpuesto un recurso de reforma contra la decisión del magistrado de citar como investigados al fiscal general, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe. Esta situación ha desatado un intenso debate en los círculos legales y políticos, poniendo en tela de juicio la integridad del proceso judicial.

La Abogacía sostiene que el juez ha pasado por alto elementos de "esencial relevancia" que demostrarían que no existen "sospechas fundadas" sobre la implicación de los investigados en el delito de revelación de secretos. Estas declaraciones han llevado a la Abogacía a enfrentar lo que describen como una "prueba diabólica", donde se les exige demostrar lo que el instructor opina sin contar con pruebas claras.

Entre los puntos más controversiales destacan los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. La Abogacía argumenta que dichos correos no deberían estar incluidos en las diligencias de investigación preprocesales, lo que revela una disputa significativa sobre la admisibilidad de la evidencia en este caso.

En su defensa, la Abogacía también señala que el auto del magistrado no aclara adecuadamente los hechos que justificarían el carácter secreto del correo del 2 de febrero. Además, insisten en que el instructor no considera que las acciones imputadas a los investigados están amparadas por sus funciones dentro del Ministerio Fiscal, el cual tiene la obligación de informar a la opinión pública, especialmente para evitar la propagación de noticias falsas.

Un detalle adicional que resalta es que González Amador supuestamente autorizó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que difundiera dicho correo a los periodistas, antes de que los involucrados tuvieran conocimiento de su contenido. Esta revelación añade una nueva capa de complejidad a un caso que ya es objeto de un amplio escrutinio judicial y mediático.

Los próximos días serán cruciales para el desarrollo de este caso, mientras la Abogacía del Estado y el magistrado enfrentan la presión pública y el análisis riguroso de sus procedimientos. La evolución de este conflicto podría tener repercusiones significativas no solo para los implicados, sino también para la percepción de la justicia en España.