La jueza Concepción Roig ha tomado una decisión controvertida al suspender la condena de seis empresarios condenados por prostituir a menores en Murcia. A pesar de las graves acusaciones, estos implicados no cumplirán prisión, al menos por ahora. De los trece condenados, doce; incluyendo a las denominadas "mamis" que controlaban a las víctimas, se presentaron recientemente ante la Audiencia para discutir su situación. La jueza justificó su decisión al afirmar que solo cuatro de las once víctimas pedían prisión para los culpables, sugiriendo que sus declaraciones estaban influenciadas por la presión social y mediática.

"Es evidente que las cuatro víctimas más afectadas se manifestaron a favor de la prisión bajo presión del movimiento social, lo cual el Tribunal ha querido dejar claro por respeto a nuestro papel y a las víctimas, quienes realmente merecen ser protegidas" declaró Roig durante la vista del caso.

Uno de los condenados, Juan Peque Álvarez, que también se ha librado de una pena de prisión, lamentó sus actos al abandonar el juzgado, mientras que otro, Juan Martínez, no asistió por problemas de salud. La Fiscalía no se opuso a la suspensión de penas inferiores a dos años, aunque planea apelar las condenas que exceden este límite. La confusión entre la Fiscalía y el tribunal sobre cómo se deben sumar las sentencias ha llevado a que todos los acusados permanezcan en libertad, lo que ha generado un clima de indignación en muchos sectores de la sociedad.

La sala de audiencias debe decidir en los próximos días si las proxenetas enfrentan prisión tras ser condenadas por múltiples delitos. Una de ellas admitió su culpabilidad y mostró remordimiento, argumentando que tiene un hijo que depende de ella y que nunca había tenido problemas con la ley antes de este incidente.

Mientras tanto, otro de los casos similares ha suscitado la misma polémica: una mujer condenada a dos años por cada uno de seis delitos de prostitución de menores ha presentado su caso, resaltando su arraigo en España y su reinserción exitosa en la sociedad.

La situación ha abierto un intenso debate sobre la protección de las víctimas de trata y la responsabilidad de la justicia frente a la explotación de menores. La sociedad está en alerta y demanda respuestas inmediatas, mientras la Audiencia se toma su tiempo para decidir el destino de estos implicados. ¡Los ojos de toda España están puestos en este caso que podría cambiar el rumbo de la justicia!