La decisión de RTVE de cancelar el examen para la posición de informador se ha convertido en un verdadero escándalo tras detectar una "filtración interesada" de casi la totalidad de las preguntas. Este acontecimiento ha dejado a 5.000 opositores furiosos y decepcionados, quienes, después de meses de arduo trabajo y sacrificios, llegaron a la Universidad de Somosaguas solo para saber que su examen iba a ser cancelado media hora antes de iniciar.

El sindicato USO informó que fue necesario suspender el examen por la fuga de 83 de las 100 preguntas, una situación que claramente indica un grave problema de gestión en los procesos de selección de RTVE. Lo más inquietante es que, según fuentes internas, la filtración se realizó a través de WhatsApp, lo que dejó a muchos opositores recibiendo las preguntas en sus teléfonos justo antes del inicio del examen.

RTVE, al darse cuenta de la situación, tomó la decisión de cancelar el examen y presentó la denuncia a la Policía. Sin embargo, la indignación entre los opositores ha sido monumental. Muchos de ellos, que habían hecho grandes esfuerzos económicos para desplazarse y alojarse cerca de la universidad, se sintieron traicionados al enterarse de la noticia a través de medios de comunicación. Aún más frustrante para ellos es la falta de información sobre una nueva fecha para el examen, lo que aumenta el sentimiento de caos y falta de organización en RTVE.

Jorge de San José, director de Recursos Humanos de RTVE, intentó calmar a los opositores desde una ventana de la facultad, pidiendo disculpas y justificando la suspensión por la necesidad de garantizar la igualdad y la transparencia. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas y la multitud exclamaba preguntas como "¿Quién va a pagar nuestros gastos?" y "¡Esto es inaceptable para una televisión pública!".

Este no es el primer escándalo durante el proceso de oposiciones. En octubre de 2023, la Audiencia Nacional suspendió el proceso debido a irregularidades, y aunque más tarde se reactivó, aún hay una sensación de desconfianza entre los aspirantes. Además, en agosto se produjo una grave violación de datos personales de los opositores, lo que llevó a otra denuncia ante la Policía. Todo esto ha generado un ambiente en el que los aspirantes cuestionan la integridad del proceso.

La gestión del examen está regida por un comité que se reúne días antes para seleccionar las preguntas, pero hay rumores de que los miembros del comité tienen acceso a las preguntas finales después de su selección, lo que complica aún más la situación y refleja un problema sistemático en la organización.

A medida que los opositores esperan explicaciones y una nueva convocatoria, el sindicato USO ha mostrado su apoyo a RTVE, aunque no pudo evitar expresar la frustración de los aspirantes. "Lamentamos profundamente las molestias que esto ocasiona a los aspirantes, quienes han sufrido una carga de estrés innecesaria debido a la gestión de este proceso", concluyó.