La Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado un total de 2.941 radares en toda España para reducir los accidentes y las muertes en las carreteras, de los cuales 2.095 son fijos, 169 de tramo y 433 de semáforo. Además, cuentan con un importante número de cámaras de vigilancia que buscan asegurar una conducción adecuada y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, esta medida ha desatado la indignación en algunas localidades, como en Torrejón del Rey, Guadalajara. Los residentes, furiosos, han salido a las calles para protestar por la gran cantidad de multas emitidas por una cámara de vigilancia ubicada en una señal de STOP de la localidad.

¿De qué infracción se les acusa a los habitantes? En un reportaje del programa 'En Boca de Todos', del Canal Cuatro, se reveló que los vecinos han acumulado más de 4.000 multas debido a este dispositivo de control. Según el reportero, el problema radica en que muchos conductores hacen un 'ceda el paso' en el STOP, lo que provoca que la cámara, al no detectar la detención del vehículo, photographie la matrícula automáticamente y genere la sanción correspondiente.

¿Cuál es el costo de esta infracción? Los conductores de Torrejón del Rey que han cometido esta 'infracción grave' se enfrentan a una multa de 200 euros y a la retirada de cuatro puntos de su carné de conducir por no detenerse adecuadamente ante una señal de 'detención obligatoria'. La DGT aclara que los vehículos deben detenerse completamente independientemente del tráfico.

Lluvia de críticas

Los habitantes han expresado su descontento, argumentando que la razón detrás de la instalación de esta cámara no es la seguridad vial, sino más bien un propósito 'recaudatorio'. Algunos vecinos comentan: 'No estamos en contra de realizar los STOP, pero creemos que deberían implementarse otros sistemas más justos.'

Esta situación ha generado un gran debate en la comunidad sobre la necesidad de revisar y mejorar los métodos de control de tráfico. En medio de la recaudación de multas y la presión sobre los conductores, muchos se cuestionan si se está priorizando el bienestar de la comunidad o simplemente llenando las arcas del gobierno con sanciones.