Durante la Asamblea General de la ONU, un grupo de 31 naciones, entre las que se destacan España, Estados Unidos, Reino Unido, y una serie de países latinoamericanos como Argentina, emitió una declaración contundente sobre la situación política en Venezuela. En este comunicado, se afirma que 'Edmundo González Urrutia, según los registros electorales públicamente disponibles, fue el más votado en las elecciones del 28 de julio'.

La declaración no solo resalta la victoria de González, sino que también insta a un nuevo capítulo político en Venezuela. Se señala que 'es el momento de que los líderes políticos venezolanos inicien conversaciones constructivas e inclusivas que faciliten una transición pacífica, garantizando los derechos de todas las partes involucradas y permitiendo la restauración de las instituciones democráticas conforme a la ley venezolana y la voluntad del pueblo manifestada en las urnas'. Este apoyo a la voz del pueblo se expresa con claridad, reafirmando el compromiso de estar al lado de los millones de venezolanos que continúan batiendo por un futuro más democrático y seguro.

Además, este comunicado es un fuerte rechazo a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, ya que muchos de estos países no reconocen su victoria. La declaración valoró la masiva participación de más de 12 millones de venezolanos en las elecciones, a pesar de los grandes desafíos y riesgos que enfrentan al ejercer su derecho al voto. Sin embargo, casi dos meses después de los comicios, los pedidos de transparencia electoral siguen sin obtener respuesta. Observadores internacionales han manifestado su seria preocupación sobre la integridad del proceso electoral, destacando la falta de publicación de resultados verificables y detallados por parte de la Comisión Nacional Electoral.

El comunicado también expresa preocupación por la represión sistemática y continua en Venezuela, donde han sido denunciados abusos de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación contra la oposición y la sociedad civil. Se menciona el caso de Edmundo González, quien tuvo que abandonar el país tras recibir una orden de detención política el 3 de septiembre.

En este contexto, los 31 países exigen la liberación inmediata de aquellos detenidos sin el respeto a un juicio justo, enfatizando que los venezolanos deben poder expresar pacíficamente sus opiniones políticas, sin temor a represalias. Se hace un llamado urgente para poner fin al uso excesivo de la fuerza y a la violencia política.

Finalmente, la declaración demanda el regreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela y subraya la necesidad de que el país cumpla con sus compromisos internacionales, especialmente en el marco de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, permitiendo el salvoconducto de aquellos que han solicitado asilo en la embajada de Argentina.

Este acontecimiento marca un hito significativo en la búsqueda de una salida democrática y pacífica a la crisis venezolana.