Un fuego implacable recorre las montañas de España, y los desalojados no pueden evitar preguntarse: "¿y las autoridades no hacen nada?" José Fernández, un hombre de 85 años, expresa su indignación tras ser evacuado de su hogar en Vigo de Sanabria, en Zamora.

Como ha sucedido con las devastadoras inundaciones en Valencia que cobraron más de 200 vidas en octubre de 2024, esta vez los incendios levantan una ola de críticas hacia los políticos. Las acusaciones de negligencia, mala gestión y desestimación del cambio climático resuenan en cada rincón del país.

Desde su refugio en Benavente, donde espera ser reubicado, Fernández exige responsabilidad: "Le doy un cero a las autoridades". Su indignación es compartida por otros evacuados como José Puente, jubilado de 65 años, quien también siente que ha habido una "gran negligencia".

Zamora se ha transformado en un escenario trágico, ardiendo gran parte de sus bellos paisajes, donde han muerto tres de las cuatro víctimas por los incendios. En solo dos semanas, se han devastado más de 350,000 hectáreas en toda España.

Afortunadamente, la situación ha comenzado a mejorar gracias a la caída de las temperaturas, pero el recuerdo del "infierno" persiste.

Desde San Ciprián, los evacuados observan las llamas del feroz incendio de Porto de Sanabria. Junto a ellos, algunos vecinos se niegan a abandonar su hogar, convencidos de haber enfrentado peores incendios.

Pero los testimonios de los sobrevivientes indican que las autoridades han subestimado la amenaza. Puente agrega que se confiaron demasiado: "Pensaron que todo estaba controlado y, de repente, el fuego se volvió un desastre".

Los incendios han expuesto una vez más el enfrentamiento político. En Castilla y León, Galicia y Extremadura, gobernadas por el Partido Popular (PP), los conflictos con el gobierno socialista de Pedro Sánchez se hacen palpables. Ambos lados se acusan mutuamente de ineptitud y falta de recursos.

La lucha contra los incendios en España queda en manos de las comunidades autónomas. Dependiendo de la gravedad, pueden gestionar los desastres por sí solas o solicitar ayuda al gobierno central. Sin embargo, la región de Castilla y León ha sido víctima del éxodo rural y de políticas de recorte en la prevención de incendios, habiendo reducido a la mitad los fondos desde 2009.

A esto se suma el envejecimiento de la población, con una edad media de 48.48 años, y la falta de jóvenes en el campo, lo que complica aún más la prevención de incendios.

Las críticas hacia el gobierno regional se agudizan al recordar que en 2022, bajo la misma administración, la Sierra de la Culebra ya sufrió devastadores fuegos.

Aunque el presidente Alfonso Fernández Mañueco apunta a circunstancias excepcionales y niega las críticas sobre la falta de personal experimentado, la realidad laboral de los bomberos es alarmante. La mayoría del operativo en Castilla y León trabaja solo cuatro meses al año, lo que limita la experiencia y efectividad en situaciones críticas.

Como consecuencia, los incendios que consumen el paisaje no solo son un asunto ecológico, sino también una clara señal de la falta de preparación y responsabilidad en la gestión de estos desastres.