Recientemente, España e Italia han tomado decisiones que están provocando un gran revuelo entre miles de migrantes, incluidos peruanos y otros latinoamericanos. Estas modificaciones en las políticas migratorias son drásticas y han levantado un mar de polémicas en ambas naciones.

Desde el 3 de abril, España ha dado por finalizada la 'Golden Visa', un visado que se instauró en 2013 y que permitía a ciudadanos extracomunitarios conseguir la residencia a través de inversiones sustanciales, como la compra de propiedades de más de 500 mil euros. Esta medida fue originalmente implementada durante el gobierno del Partido Popular en un intento de atraer inversión extranjera en medio de la crisis económica.

Sin embargo, el actual gobierno, de coalición de izquierda, asegura que esta visa ha contribuido a encarecer el mercado inmobiliario y a agravar la crisis de acceso a la vivienda, en especial en las regiones más deseadas del país como Madrid y Barcelona. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, comentó: “Con esta decisión buscamos ofrecer oportunidades a quienes hoy no pueden acceder a una vivienda en condiciones asequibles”.

Es importante destacar que aunque la 'Golden Visa' ya no aceptará nuevas solicitudes, los actuales titulares de este visado seguirán gozando de su estatus de residencia. Además, se está promoviendo el visado de residencia no lucrativa como una alternativa viable para migrantes no comunitarios, que para los peruanos podría implicar probar solvencia económica con un ingreso mínimo de 28.800 euros, más un monto adicional por cada familiar dependiente.

El panorama no es más alentador en Italia, donde el gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado cambios que limitan la obtención de la ciudadanía por 'ius sanguinis'. Hasta ahora, cualquier persona de ascendencia italiana podía solicitar la nacionalidad, pero con la nueva reforma solo los hijos y nietos de italianos nacidos en el país podrán acceder a la ciudadanía, excluyendo a aquellos que deseen obtenerla por medio de bisabuelos o generaciones anteriores.

Esta modificación ha provocado un gran descontento, especialmente en Argentina, que alberga la mayor comunidad de italianos fuera de Europa, con un 60% de su población con ascendencia italiana. En la última década, el número de ciudadanos italianos en el extranjero ha aumentado de 4,6 a 6,4 millones, reflejando un creciente interés en la nacionalidad italiana desde Sudamérica.

El gobierno italiano justifica estos cambios como necesarios para impedir abusos en la obtención de pasaportes, siendo Antonio Tajani, ministro de Exteriores, claro al afirmar que se debe mantener un vínculo real con Italia, lo que incluirá una serie de nuevos requisitos. Entre ellos, se establecerá la necesidad de demostrar una conexión activa con Italia, como la renovación del pasaporte o el cumplimiento de obligaciones fiscales. También se introduce la obligación de haber residido en Italia, por lo menos durante dos años, para que los padres que deseen transmitir la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero puedan hacerlo.

Se estima que estas restricciones afectarán drásticamente las solicitudes de ciudadanos de países como Argentina, Brasil y Chile, donde la búsqueda de la nacionalidad italiana ha sido un camino popular para muchos descendientes. En Argentina, el reconocimiento de ciudadanía italiana pasó de 20 mil en 2023 a 30 mil en 2024. Por otro lado, en Brasil las solicitudes incrementaron de 14 mil a 20 mil en el mismo periodo.

Sin lugar a dudas, estas medidas han generado un cambio significativo que impactará no solo a migrantes de países latinoamericanos, sino también a la economía y el tejido social en ambas naciones. ¡Mantente informado sobre estos desarrollos que están cambiando el futuro de muchos!