El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado un fuerte golpe al Gobierno canario al rechazar la solicitud de levantar la suspensión del protocolo de atención a menores migrantes. Este protocolo había sido criticado por la Fiscalía, que argumenta que su implementación podría poner en riesgo los derechos fundamentales de los niños que llegan a las islas en condiciones vulnerables.

El Ministerio Fiscal reconoce que, de aplicarse el protocolo que propone el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, muchos menores migrantes no acompañados rescatados en las costas de Canarias podrían ''quedar desprovistos de atención inmediata y en κατάσταση de abandono''.

El Ejecutivo autonómico argumentó que su protocolo es simplemente una ''reproducción'' del marco aprobado por el Estado en 2014, asegurando que no representa ningún ''riesgo ni peligro'' para los menores. Sin embargo, el tribunal detalla que el Gobierno canario ha pasado por alto elementos cruciales de su plan que son diferentes a los requerimientos estatales, como el aviso sobre la disponibilidad de plazas para la protección de los jóvenes y la designación de un lugar específico para la entrega de menores no acompañados.

El TSJC recalca que, si su protocolo se limita a replicar el de 2014, ''su adopción sería innecesaria'' y que los derechos de los niños continuarían siendo protegidos bajo el protocolo estatal existente.

Además, el Gobierno de Canarias considera que los menores no se encuentran en situación de abandono cuando están bajo la custodia de las fuerzas de seguridad del Estado, sin embargo, el tribunal responde que el verdadero problema surge cuando esta custodia se extiende durante períodos prolongados.

La Justicia subraya que el protocolo territorial debería contemplar requisitos fundamentales antes de la recepción de los menores, incluyendo una comunicación clara sobre la disponibilidad de plazas y un lugar preciso para la entrega de los jóvenes. El TSJC también hace hincapié en que hay ''una fundada y razonable sospecha'' de que las medidas propuestas pueden retrasar el proceso de entrega a las autoridades competentes, lo que tendría un impacto negativo en los derechos de los menores.

Por último, el TSJC reafirma que ''el interés superior del menor siempre debe prevalecer'', alertando sobre la urgencia de garantizar el bienestar de estos niños vulnerables en una situación tan crítica. No cabe duda de que esta decisión judicial marca un hito en la protección de los derechos de los menores migrantes en Canarias y plantea serias interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para manejar la crisis migratoria que afecta a la región.