El Enigma de la Comida en el Ventorro

¿Qué ocurrió realmente en el restaurante El Ventorro durante la devastadora inundación que asoló Valencia? La Fiscalí­a Provincial de Valencia ha decidido no convocar a Maribel Vilaplana, la periodista que compartió un almuerzo con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el fatídico día en que la gota fría desencadenó una catástrofe que dejó 228 vidas perdidas.

La decisión del fiscal Cristóbal Melgarejo anticipa un misterio que persiste: ¿qué información pudo haber compartido Mazón con Vilaplana mientras la provincia enfrentaba marejadas devastadoras debido al desbordamiento del barranco del Poyo?

La Rechazada Testifical que Podría Aclarar Mucho

Este movimiento es un eco del fallo previo de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien, en mayo, ya había desestimado la posibilidad de que Vilaplana testificara. Argumentó que esto podría desviar la atención hacia Mazón, quien solo podría ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras una referencia específica de la magistrada.

A lo largo de su almuerzo, que tuvo lugar entre las 15:00 y las 17:45, Mazón, después de presidir un acto empresarial, le ofreció a Vilaplana la dirección de la televisión pública À Punt. Pero, sorprendentemente, no comunicó en ningún momento la gravedad de la situación.

Los Movimientos del Presidente y la Alerta Tardía

Los movimientos de Mazón durante la tarde de la catástrofe siguen en la penumbra. El presidente llegó al Cecopi, el centro de emergencias, a las 20:28, justo después de un alarmante envío de alerta masiva a teléfonos móviles. Este mensaje, considerado crucial, llegó a los dispositivos a las 20:11, cuando decenas de personas estaban atrapadas o ya se contabilizaban víctimas.

La jueza había indicado previamente que no había pruebas de que Vilaplana hubiera escuchado algo relevante durante su comida con Mazón, lo que reitera la falta de claros vínculos entre su testimonio y la gestión de la crisis.

Imputaciones y Consecuencias Legales

Diez meses después del inicio de las investigaciones, dos altos cargos del Gobierno de Mazón siguen implicados en la causa: Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, exdirector de Emergencias. Ambos enfrentan serios cargos por homicidio y lesiones imprudentes, que pueden derivar en condenas de hasta cuatro y tres años de prisión.

Esta historia continúa desarrollándose, dejando a muchos preguntándose sobre el papel de la comunicación y la responsabilidad en medio de una tragedia que ha dejado cicatrices en la comunidad.