La Tormenta que Cambió Todo

Emilio Argüeso, el secretario de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón, ha sacudido el escenario judicial al declarar que su subdirector estaba de vacaciones el fatídico día de la catástrofe del 29 de octubre, que dejó un saldo devastador de 228 muertos en Valencia. Esta declaración tuvo lugar ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien está al frente de la investigación penal sobre la riada.

Defensa Inesperada y Consecuencias Fatales

Argüeso, junto a la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, defendió la gestión del presidente Mazón, a pesar de que ambos fueron destituidos un mes después de la tragedia. El jefe del Consell llegó al centro de emergencias (Cecopi) 17 minutos después de que se emitiera una alerta móvil, una acción que, según la jueza, pudo haber salvado vidas. Sin embargo, Argüeso afirmó que su comportamiento no aumentó la magnitud del desastre, lo que ha causado ondas de indignación.

Un Culpa a Otros y la Realidad Ignorada

No solo defendió su gestión, sino que también trató de desviar la responsabilidad hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio de Bomberos, afirmando que el 112 no comunicó adecuadamente la situación al Cecopi. Curiosamente, Argüeso era el máximo responsable de este último, lo que añade una capa más de controversia a su testimonio.

Retiro de Bomberos: Un Puntos Crítico

Además, Argüeso se enteró recientemente de que los bomberos forestales fueron retirados del barranco del Poyo, que fue el epicentro de la tragedia. Esta decisión, consideró, fue un error crítico. El inspector jefe del Consorcio de Bomberos, José Miguel Basset, también jubilado, justificó esta medida alegando que el caudal había disminuido.

Culpas y Consecuencias Legales

Ambos, Argüeso y Pradas, enfrentan serias acusaciones que podrían costarles hasta cuatro años de cárcel por homicidios imprudentes, una carga legal que podría impactar profundamente sus vidas. ¿Podrán demostrar su inocencia en medio de la ola de críticas que les rodea?