La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha presentado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una alarmante cantidad de documentos que están vinculados al escándalo de la Formación Profesional (FP) del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta acción es parte de una investigación en curso, a la que se ha sumado también el PSOE, donde se han revelado 342 contratos que podrían haber sido fraccionados o adjudicados de manera irregular, burlando la Ley de Contratación Pública.

Estos nuevos elementos de prueba aportados por la líder de la oposición podrían ser los primeros pasos hacia una crisis aún mayor dentro del Gobierno regional, ya que implican alrededor de 6 millones de euros distribuidos en 342 contratos otorgados a 11 proveedores. La documentación presentada abarca desde el año 2019, cuando los exconsejeros Enrique Ossorio y Ayuso comenzaron su mandato, hasta 2023, coincidiendo con el fin de su segunda legislatura y la salida de Ossorio del ejecutivo, quien ahora preside la Asamblea de Madrid.

Bergerot, acompañada por los diputados Hugo Martínez y Beatriz Borrás, ha denunciado que estos contratos son solo la punta del iceberg y que esto representa un ‘modus operandi’ del Gobierno de Ayuso destinado a desviar dinero público de los ciudadanos de Madrid. La portavoz ha enfatizado que los fondos que supuestamente han sido malversados por la Consejería de Educación podrían haber permitido que 50,000 jóvenes madrileños no se quedaran sin plaza en la Formación Profesional, un hecho que arrastra graves consecuencias sociales.

Un escándalo que crece día a día

Este escándalo emergió públicamente tras una investigación delDiario.es, que reveló la construcción de al menos ocho centros de FP y Formación de Profesorado sin los contratos oficiales necesarios, fuera de presupuesto y carentes de los controles económicos pertinentes.

Con el fin de evitar auditorías, los pagos se fraccionaron en facturas menores de 40,000 euros, simulando la existencia de contratos independientes y manipulando fondos de los propios institutos. Este esquema ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles delitos de corrupción, incluyendo prevaricación. Entre los centros implicados se encuentran el de Ciudad Escolar y la Escuela de Arte Alcalá, que utilizaron este sistema para realizar obras millonarias, distribuyendo los pagos entre varias cuentas de instituciones públicas.

La situación se destapó cuando el constructor a cargo del centro de Ciudad Escolar denunció la falta de pago, evidenciando el mecanismo fraudulento utilizado por la Consejería de Educación. Como resultado, la Fiscalía ha iniciado investigaciones, y varios funcionarios de menor rango han sido cesados, mientras que altos responsables del gobierno regional en el momento de la adjudicación de los contratos parecen haber eludido su responsabilidad. En este contexto, Bergerot ha exigido que Enrique Ossorio, Consejero de Educación en ese entonces, y Rocío Albert, Viceconsejera de Política Educativa, colaboren plenamente para esclarecer los hechos y que se haga justicia.

El desenlace de este escándalo podría tener repercusiones políticas significativas, no solo para el Gobierno de Ayuso, sino también para el futuro político de la formación en Madrid. ¡Estaremos atentos a los próximos desarrollos!