La justicia italiana ha puesto en jaque al gobierno de Giorgia Meloni al rechazar su segundo intento de deportar migrantes rescatados en el mar a Albania. El Tribunal de Roma ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, en tanto espera su pronunciamiento, ha ordenado la suspensión del encierro de un grupo de siete migrantes —cinco de Bangladés y dos de Egipto— que desembarcaron recientemente en el controvertido centro alojado en territorio albanés, lo que significa que serán devueltos a Italia.

En este particular episodio, la Administración de Meloni había seleccionado a ocho migrantes, rescatados en aguas del Mediterráneo cerca de Lampedusa, para su traslado a Albania. Sin embargo, durante su estancia en suelo albanés, se descubrió que uno de ellos presentaba graves problemas de salud, lo cual debió haber sido identificado antes del proceso de selección. Así, con esta decisión, el grupo se reduce a los siete migrantes que cumplían con las polémicas condiciones impuestas por el gobierno italiano: hombres adultos, en buenas condiciones de salud, no acompañados por familiares y provenientes de países considerados seguros.

Este es el segundo intento de Meloni de implementar el polémico modelo de deportaciones hacia Albania, y nuevamente la justicia ha detenido este plan diseñado por la líder de extrema derecha. En esta ocasión, los jueces han decidido suspender la detención excepcional de estos migrantes, que es un paso crucial para mantenerlos en centros en Albania.

En un episodio anterior, a mediados de octubre, el tribunal romano ya había bloqueado la retención de un grupo de 12 migrantes, también de Egipto y Bangladés. Los magistrados sentenciaron que para que un país sea considerado "seguro" para devolver a los migrantes, debe serlo en su totalidad, basándose en una decisión reciente del TJUE, que limitó la lista de países seguros a aquellos con condiciones adecuadas para la repatriación.

La lucha de poder entre el Ejecutivo y el sistema judicial ha sido feroz. Meloni y su coalición han acusado a los jueces de politizar el asunto y obstaculizar las deportaciones hacia Albania. En respuesta, el gobierno reaccionó con un decreto de urgencia que reforzó la lista de países seguros, manteniendo tanto a Egipto como a Bangladés en ella para facilitar la expulsión de inmigrantes de estos países.

Con este nuevo fallo, el tribunal elude escalar la confrontación, ya que no prohíbe explícitamente la retención de migrantes, permitiendo que el proceso quede en suspenso mientras se espera la evaluación de la Unión Europea. Los jueces argumentan que esta es la opción más adecuada para resolver las "dudas sobre la compatibilidad" del decreto de Meloni con la legislación europea. "Los criterios para designar un país seguro están regidos por el derecho de la Unión Europea", enfatizan.

El vicepresidente del Gobierno y líder de la Liga, Matteo Salvini, no tardó en desaprobar la decisión judicial: "Otra sentencia política que no ataca al Gobierno, sino a los italianos y su seguridad", afirmó furioso. La situación continúa siendo tensa en Italia, donde la política de migración está en el centro del debate público.