Esta mañana, la Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro nuevas detenciones en el marco de una operación contra una presunta organización criminal que, en solo dos años, habría defraudado más de 182 millones de euros. Una de las detenidas es Carmen Pano, quien en múltiples ocasiones ha declarado haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.

La Guardia Civil ha indicado que esta organización contaba con una compleja estructura societaria diseñada para ejecutar fraudes fiscales. Los responsables de la misma manipulaban la estructura con el objetivo de maximizar el encubrimiento de sus actividades delictivas y asegurar así el éxito del fraude.

Además, la organización tenía una red de sociedades, tanto en España como en otros países, destinada a blanquear las ganancias ilícitas obtenidas. En el desarrollo de esta operación, se están llevando a cabo registros en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.

Esta acción es conducida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y gestionada por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en estrecha colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. Cabe destacar que las diligencias están declaradas secretas, lo que añade un aire de misterio a esta situación explosiva.

En contexto, a mediados de octubre, el Partido Popular (PP) presentó una querella contra el PSOE por “financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias”, después de que Carmen Pano hiciera públicas sus afirmaciones. Aunque en un primer momento Pano no reveló su identidad, la presión política ha llevado a la Audiencia Nacional a rechazar dicha acusación semanas después. Incluso así, el PP ha continuado insistiendo y ha anunciado que citarán a Pano ante la comisión del caso Koldo en el Senado.

Carmen Pano había sido la líder de Have Got Tim, una empresa dedicada a la comercialización de hidrocarburos. Curiosamente, esta empresa compró el chalé en La Línea de la Concepción, Cádiz, donde residió el exministro socialistas José Luis Ábalos. Además, fue Pano quien, según declaraciones de otros implicados, presentó a Claudio Rivas, dueño de Villafuel, la compañía relacionada con el escándalo de fraude millonario.

En declaraciones a los medios, Pano insistió: “Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite”. Sin embargo, a finales de noviembre, el Gobierno respondió señalando que no existían pruebas que respaldaran tales acusaciones. La ministra Pilar Alegría comentó en una rueda de prensa: “Cada uno acusa; lo mínimo que se le pide es que aporte pruebas.”

Con cada nuevo desarrollo en este caso, la tensión política aumenta y las implicaciones legales podrían extenderse, convirtiendo este escándalo en una de las investigaciones más significativas de la historia reciente de España.