La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha dado un giro inesperado al presentar un recurso de apelación en el alto tribunal en contra de los registros llevados a cabo el pasado miércoles en los despachos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, según informa Europa Press.

Durante más de diez horas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se adentró en los dispositivos electrónicos, clonando el contenido de teléfonos móviles y ordenadores. Esta acción se inscribe dentro de la causa abierta contra ambos juristas por la presunta filtración de un email que podría estar relacionado con la investigación por fraude fiscal de Alberto González Amador, compañero de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Este escándalo no solo ha sacudido los cimientos de la Fiscalía, sino que también ha generado una creciente inquietud en la política española.

Curiosamente, González Amador, quien está llevando la acusación, ha solicitado que Sánchez Conde se aparte del caso, alegando hasta cuatro razones de abstención: vínculos de “amistad íntima” con alguna de las partes involucradas, participación “directa o indirecta” en el asunto, haber “emitido dictamen” sobre el mismo, y tener un “interés directo o indirecto” en el caso en cuestión.

Es importante destacar que el informe redactado por Sánchez Conde el 30 de septiembre, donde la Fiscalía pedía no abrir causa contra García Ortiz, es motivo de controversia. Esto se suma a su presencia en el registro y su participación en la Junta de Fiscales de Sala, donde se decidió por mayoría inadmitir la querella presentada por González Amador. La complejidad del caso resalta la tensión en la Fiscalía General del Estado, enfatizando la conexión entre la carrera profesional de Sánchez Conde y la permanencia de García Ortiz en su puesto.

Además, el mismo día de la petición de González Amador al Supremo, la Fiscalía comunicó internamente que García Ortiz había extendido su abstención al alto tribunal, una decisión que ya había tomado previamente en su etapa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y en un juzgado de la capital.

Esto garantiza que Sánchez Conde estará libre de reportar a García Ortiz y, además, le permite actuar con mayor autonomía en este proceso judicial que podría desencadenar un verdadero terremoto dentro de la Fiscalía. El desenlace de este caso podría cambiar el panorama de la justicia en España, así que todos los ojos están puestos en el Supremo. ¡No te pierdas los próximos acontecimientos!