La noticia acaba de estallar: la Audiencia Nacional ha decidido enviar a juicio a José Manuel Villarejo Pérez y a su socio Antonio Asenjo por supuestos trabajos ilegales realizados para el Grupo Iberdrola. Este escándalo ha puesto en el centro de atención el oscuro mundo de las investigaciones privadas y las estrategias de defensa empresarial.

Según el auto de procesamiento, emitido en abril de este año, entre 2004 y 2011, Asenjo, quien era director de seguridad de Iberdrola, contrató a Villarejo, un comisario de Policía en activo, para realizar diversas investigaciones que afectaban a la compañía. El objetivo de estas pesquisas era obtener información sensible sobre tanto personas físicas como jurídicas que pudieran ser utilizadas para proteger los intereses de Iberdrola, lo que desvela una estrategia muy cuestionable desde el punto de vista ético y legal.

Por estos trabajos, la empresa de Villarejo obtuvo más de 1.4 millones de euros del gigante energético Iberdrola. Sin embargo, lo más llamativo de este caso es el alcance de las investigaciones. En particular, se destaca la investigación llevada a cabo sobre Manuel Pizarro, el entonces presidente de Endesa, uno de los principales competidores de Iberdrola. Durante esta pesquisa, se accedieron indebidamente a las llamadas telefónicas de Pizarro, acumulando información sobre personas con las que había estado en contacto durante la opa que Gas Natural realizó sobre Endesa en 2005.

El escándalo no termina ahí. Villarejo también investigó a dos altos directivos de Iberdrola en relación con sus vínculos con el presidente de ACS, Florentino Pérez. Aunque el informe final no encontró evidencias de que estos directivos hubieran compartido información sensible con Pérez, el seguimiento al propio Florentino Pérez se llevó a cabo con el fin de recopilar datos que pudieran ser utilizados en caso de un conflicto entre él y la compañía.

Además, la forma en que se justificaron los pagos a Villarejo muestra una clara intención de ocultar su actividad aún siendo un funcionario activo. Se emitieron facturas con conceptos engañosos que no se correspondían con los servicios realmente prestados. Este hecho pone de manifiesto la corrupción y la falta de transparencia en la gestión de la información y la seguridad en el sector energético.

El juicio promete revelar más detalles sobre cómo operan estas redes de información y las implicaciones legales que enfrentan Villarejo y su socio, mientras la sociedad observa expectante este juicio que podría transformar el panorama empresarial español.