El 16 de noviembre del pasado año, a las 16:41 horas, Alvise Pérez, conocido por sus controversiales publicaciones en redes sociales, compartió en su canal de Telegram una fotografía de la hija de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español. La imagen fue tomada sin el consentimiento de la joven, quien tenía dicha foto en su cuenta privada de Instagram. Junto a la fotografía, Pérez escribió un mensaje polémico que criticaba la hipocresía del presidente y sus costumbres de viaje, suscitando comentarios de índole sexual y vejatoria por parte de sus seguidores.

A pesar de que tres minutos después trató de ocultar la imagen, el daño ya estaba hecho; la fotografía se había viralizado rápidamente en distintas plataformas, generando un aluvión de comentarios indignantes. Esta situación llevó a la Audiencia Provincial de Sevilla a reabrir el caso luego de que el juzgado de instrucción 1 de Sevilla decidiera archivar la investigación tras recibir una denuncia de la Fiscalía. El 9 de septiembre, la Audiencia consideró que existían "indicios" de un posible delito de revelación de secretos.

La propia hija de Sánchez no se quedaría de brazos cruzados. Desde que Pérez se convirtió en eurodiputado y acumuló más de 700.000 seguidores en Telegram, ella decidió presentar una reclamación formal ante la Agencia Española de Protección de Datos. Esa acción fue clave para que la Fiscalía decidiera investigar estos hechos, inicialmente considerados como posibles delitos contra la intimidad y acoso sexual leve.

Aunque el juzgado había archivado el caso el 27 de mayo debido a la rápida rectificación de Pérez y la condición de adultas de las personas involucradas, la Audiencia dictó una resolución en la que se menciona que la foto, aunque era "aseptica", podía considerarse un asunto de carácter personal al estar vinculada a la identificación de la hija del presidente. De hecho, la Audiencia tomó en cuenta que la foto había sido divulgada sin el consentimiento de la afectada.

El magistrado Jesús Madroñal, encargado de la ponencia, destacó que los actos de Pérez podrían estar enmarcados dentro de las violaciones a la intimidad según el Código Penal, específicamente en lo que respecta a la difusión de documentos o información personal sin autorización. "La denuncia establece que la foto fue alojada en una cuenta privada, lo que eleva el potencial carácter delictivo de la publicación", subrayaron los magistrados.

La Audiencia también descartó la existencia de delitos de acoso sexual o de creación de perfiles falsos, pero insistieron en la necesidad de investigar más a fondo, indicando que sería inapropiado cerrar el caso sin explorar su naturaleza delictiva. La investigación se centrará en el testimonio de los involucrados y en descubrir si hubo un deseo de vulnerar la intimidad de la joven.

Al ser Alvise Pérez un eurodiputado, los procedimientos judiciales son más complejos, ya que no puede ser citado como investigado en un juzgado ordinario. Si se confirmaran indicios de delito, sería el Tribunal Supremo, competente en este tipo de casos, quien se encargaría de la investigación.

Esta situación ha desatado un intenso debate sobre el uso de la información personal en redes sociales y la ética de la difusión de contenido privado sin consentimiento. El interés público por esta polémica se mantiene en aumento.