La Audiencia de Barcelona ha tomado una decisión sorprendente: ha ordenado archivar la investigación que involucraba al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a otros 12 implicados bajo la acusación de traición, relacionada con la controvertida 'trama rusa' durante el proceso independentista. La decisión del tribunal responde a la conducta del juez Joaquín Aguirre, quien desoyó una resolución previa que le ordenaba finalizar las indagaciones. La Audiencia ha catalogado esta actitud como un "fraude de ley" y ha exigido que Aguirre cumpla con la resolución inmediatamente y "sin excusas".

En mayo de 2024, la Audiencia ya había considerado que las prolongaciones que Aguirre había solicitado para su investigación carecían de base legal y finalmente decidió archivar el caso por falta de evidencias. Aguirre había estado investigando las supuestas maniobras del entorno de Puigdemont para obtener apoyo ruso en pro de la independencia de Cataluña, algo que ocurrió durante 2017, un periodo de gran agitación política.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado en junio de 2024 cuando Aguirre abrió otra pieza separada para indagar sobre la misma cuestión, poniendo bajo la lupa a Puigdemont y otros doce, esta vez acusándolos de traición, un delito que podría escapar a la amnistía propuesta por el gobierno. Esta nueva decisión, que no pasó desapercibida, ha sido considerada por la Audiencia como una clara infracción de sus instrucciones y un acto que podría tener consecuencias para el propio juez.

Aguirre no solo ha mantenido abierta esta investigación, sino que también ha solicitado al Tribunal Supremo que inicie futuras acciones contra Puigdemont y otros miembros de su círculo cercano, incluidos figuras como su abogado Gonzalo Boye y la exconsellera Elsa Artadi. La emotividad de este asunto radica en que los archivos de audio descubiertos revelaron conversaciones que sugerían un posible apoyo financiero y militar desde Rusia durante el proceso independentista, con menciones explícitas a "10.000 soldados" dispuestos a ayudar.

Además, a raíz del escenario político actual y la propuesta de amnistía, la causa había parecido en suspenso. Pero Aguirre optó por reactivarla en un momento crítico, lo que llevó a la Audiencia a intervenir nuevamente. Los magistrados han indicado que el juez utilizó métodos ilegales y confusos para eludir las advertencias y directrices, incluyendo un documento extenso de 56 páginas que se desvió de los hechos y se perdió en divagaciones filosóficas sobre el proceso independentista.

Joaquín Aguirre, conocido por sus métodos de investigación prolongados y a menudo controvertidos, se enfrenta ahora a una presión considerable no solo de la Audiencia, sino también del contexto político cada vez más tenso en Cataluña. Al borde de la jubilación y con un legado de investigaciones cuestionadas, su carrera podría estar en juego si no se adecuara a los requerimientos judiciales establecidos. Ello ha planteado interrogantes sobre la imparcialidad y la efectividad del sistema judicial en casos de alto perfil político, dejando a muchos a esperar cómo se desarrollarán los acontecimientos.