La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía enfrenta un gran revés después de que la solicitud de suspensión presentada por Ecologistas en Acción queda en un limbo administrativo, resultando en una suspensión automática por imperativo legal.

El 12 de agosto de 2024, Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, cuestionando la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida a Minera Los Frailes (MLF), empresa mayoritariamente controlada por el gigante multinacional Grupo México. Esta autorización permite la explotación minera en la 'Zona de Aznalcóllar', que se ubica en la provincia de Sevilla, con un plan que incluye el transporte de aguas residuales industriales a través de un poliducto de 30 kilómetros, irónicamente cruzando áreas pobladas y de gran valor ecológico.

La concesión fue anunciada por el entonces Consejero, Ramón Fernández-Pacheco, junto con el Consejero de Industria, en un evento mediático que ha levantado muchas críticas. Según el informe presentado por Ecologistas en Acción, la autorización tiene serias irregularidades que van en contra de la legislación ambiental. La falta de respuesta a su solicitud de suspensión dentro de un mes determinado por la Ley de Procedimiento Administrativo ha activado la suspensión automática.

El impacto de la AAU es considerable: se estima que se verterán 17.520 millones de litros de residuos en los primeros 18 meses y 68.000 millones de litros durante la fase operativa de 17 años, lo que representa un riesgo significativo para el Estuario del Guadalquivir y la biodiversidad de la zona. Este vertido está proyectado incluso frente a uno de los monumentos más icónicos de Sevilla, el Estadio de la Cartuja, lo que podría resultar en un daño irreparable para el medio ambiente.

Ecologistas en Acción ha señalado múltiples incumplimientos en el proceso de autorización. Desde la falta de información y participación pública, hasta la ausencia de evaluación ambiental estratégica. El grupo también alerta sobre cómo la reapertura de la mina afectará las aguas subterráneas del acuífero de Gerena, vital para la reserva de agua potable de Sevilla y su área metropolitana, especialmente en casos de sequía.

Este conflicto ambiental envuelve el legado de una calamidad que aún resuena: la ruptura de la balsa de desechos mineros en 1998 que causó un devastador vertido en la cuenca del Guadiamar. La historia parece repetirse dado que la nueva AAU contemplaba el uso de la misma zona para depositar nuevos lodos mineros, transformando la Corta de Aznalcóllar en un verdadero basurero tóxico, aunque dicho depósito pretenden disfrazarlo como 'restauración minera'.

La organización ecologista ha exigido, a través de su recurso, la realización de 10 informes científicos independientes que evaluaran el impacto ambiental del proyecto. A su vez, enfatizan que seguiremos exigiendo transparencia y protección del medio ambiente, y no permitiremos que se repitan errores del pasado.

Mirando hacia adelante, Ecologistas en Acción advierte que la resolución favorable de esta suspensión es sólo el primer paso. Es imperativo que se reconsideren las autorizaciones otorgadas bajo una normativa que parece estar siendo ignorada. Atrae la atención que la falta de adecuada regulación y supervisión en estos temas podría conllevar consecuencias legales para el actual gobierno andaluz, enfrentando acusaciones de tráfico de influencias y prevaricación que se juzgarán en marzo de 2025. La batalla ha comenzado y el futuro del medio ambiente en Andalucía está en juego.