En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una inusual crisis humanitaria está teniendo lugar. Actualmente, 57 ciudadanos marroquíes enfrentan la incertidumbre mientras esperan una decisión del Ministerio del Interior. Entre ellos, diez saharauis han decidido iniciar una huelga de hambre tras ver denegada su solicitud de asilo, lo que ha levantado un amplio debate sobre los derechos humanos y la política migratoria de España.

Fuentes del Ministerio, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, han informado que de esos diez ciudadanos, cinco han decidido romper la huelga esta mañana, mientras que otros cinco continúan luchando por su visibilidad. La negativa a su asilo se produce en un contexto donde la protección de datos impide que se revelen los detalles específicos de cada caso, pero el Ministerio ha confirmado que serán devueltos a Marruecos, lo que genera preocupación por su seguridad.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, intentó visitar a estos 'saharauis retenidos' en el aeropuerto, pero su acceso fue denegado a pesar de contar con la acreditación necesaria. En redes sociales, Belarra denunció que las condiciones en las que se encuentran estas personas son "inhumanas" e "insalubres".

Fatma El Galia, abogada de los saharauis en huelga, ofreció una entrevista en RNE donde puso al descubierto la escandalosa situación. Reveló que hay casi treinta saharauis que han pasado sus primeras noches en huelga de hambre, argumentando que son "activistas saharauis perseguidos" que han sufrido prisión y torturas en su país. El Galia enfatizó que esto constituye una base sólida para solicitar protección internacional, destacando que el regreso a Marruecos representaría un grave peligro para su vida.

Los acontecimientos en Barajas no solo afectan a los involucrados, sino que también subrayan la crítica situación de los derechos humanos en la región del Sáhara Occidental y la postura de la comunidad internacional frente a estas vulneraciones. Activistas y organizaciones de derechos humanos están alzando la voz para exigir una revisión de estos casos, poniendo en la mente de todos la pregunta: ¿es España un refugio seguro para quienes buscan asilo?