El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tomado una decisión que ha revolucionado la movilidad en la capital: ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Madrid, aunque las multas impuestas por la infracción de estas normas seguirán vigentes. Borja Carabante, concejal de Movilidad, aclamó el modelo 'Madrid 360' como un gran éxito, argumentando que ha cumplido con las directrices europeas sobre calidad del aire y ha promovido el uso del transporte público.

El fallo del TSJM llega como un respiro para Vox, que ha mantenido una feroz oposición a las restricciones viales en el centro de Madrid. La sentencia, que anula el marco regulativo de las ZBE, ha sido interpretada por su líder, Javier Ortega-Smith, como una prueba de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, engañó a los ciudadanos al prometer eliminar las restricciones impuestas bajo la administración de Manuela Carmena. Vox consideró que este es un día de celebración, incluso sugiriendo que Almeida debería dimitir.

Actualmente, en Madrid existen tres zonas de bajas emisiones: el Distrito Centro, Plaza Elíptica, y la normativa que se aplica a toda la ciudad. Las restricciones indican que los vehículos sin etiqueta ambiental y no matriculados en Madrid no pueden circular por la capital. Esta normativa se expandirá para incluir a los vehículos de los residentes a partir de enero del próximo año.

El TSJM ha anulado las partes de la Ordenanza que definían las ZBE, y aunque las restricciones que ya existían se mantienen por el momento, el fallo no es definitivo, ya que el Ayuntamiento puede apelar esta decisión en el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días. La sentencia subraya la insuficiencia del informe económico asociado a la normativa, el cual debería haber considerado el impacto económico en los ciudadanos más vulnerables.

Los jueces reconocen que las medidas restrictivas afectan negativamente a quienes tienen menos medios económicos, subrayando la falta de evaluación de cómo estas normas afectan a la capacidad de la población para adquirir vehículos que cumplan con las exigencias ambientales. Sin embargo, hay que destacar que tras la implementación de la normativa se lanzaron varios programas de ayudas para facilitar la renovación de vehículos.

Las reacciones ante el fallo no se han hecho esperar. Desde Vox, se ha celebrado la decisión al considerar que refleja años de lucha contra las medidas de Madrid Central. En respuesta, líderes de Más Madrid y PSOE critican al alcalde por lo que llaman 'chapuzas' y 'boicot' a las políticas de movilidad.

Por su parte, la Asociación Automovilistas Europeos Asociados ha solicitado la paralización inmediata del procesamiento de 1,7 millones de multas impuestas por ingresar a estas ZBE, demandando la devolución de aproximadamente 330 millones de euros recaudados.

Desde el ámbito ecologista, la decisión ha sido recibida con desdén. Organizaciones como Verdes-Equo y Ecologistas en Acción han denunciado que anteponer intereses económicos a la salud pública es inadmisible, recordando que las ZBE no son solo una opción, sino un requisito derivado de la legislación sobre cambio climático y la protección del derecho a un medio ambiente saludable.

Esta polémica situación pone de manifiesto la tensión entre la sostenibilidad y los intereses económicos, y plantea importantes preguntas sobre el futuro de la movilidad en Madrid.