(CNN) – En una decisión polémica, el Gobierno de Joe Biden ha confirmado que no extenderá el estatus legal otorgado a ciertos inmigrantes originarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, quienes se beneficiaban de un programa humanitario temporal. Esta medida, exigida por el Departamento de Seguridad Nacional, obliga a estas personas a buscar otras vías legales para permanecer en Estados Unidos.

Este anuncio se produce casi dos años después de que el Gobierno lanzara un programa que permitía a los venezolanos vivir y trabajar temporalmente en el país, como un intento de controlar el aumento en los cruces fronterizos. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador en EE.UU., pasar chequeos y cumplir con requisitos de vacunación.

Posteriormente, dicho programa se amplió para incluir a nicaragüenses, cubanos y haitianos, considerándolo un método ordenado de llegada al país. Sin embargo, esta medida ha desencadenado un intenso debate político, donde los republicanos han acusado a la administración de Biden de abusar de su autoridad, utilizando este programa como uno de sus principales objetivos de crítica a las políticas migratorias.

Hasta finales de agosto, se reportó que casi 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos habían llegado a EE.UU. bajo este programa. Aunque actualmente el programa sigue disponible para nuevos solicitantes, se pausó brevemente este verano debido a preocupaciones sobre posibles fraudes.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han enfatizado que este programa fue diseñado para ser temporal, ofreciendo a quienes ya estaban en EE.UU. la oportunidad de solicitar otro estatus legal. Aunque la administración no garantizó una extensión del programa, se han permitido formas de libertad condicional para nacionales ucranianos y afganos.

El estatus de libertad condicional para ciertos venezolanos está próximo a expirar, coincidiendo con el fin del programa de dos años. Esta situación se presenta en medio de un entorno político altamente cargado, con la inmigración siendo un tema central de discusión en las campañas de Donald Trump y Kamala Harris, a pocas semanas de las elecciones presidenciales.

En un comunicado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aclaró: “La concesión de libertad condicional bajo estos procesos es por un período temporal de hasta dos años. Durante este tiempo, se espera que las personas busquen alivio humanitario u otras formas de inmigración a las que puedan tener derecho, y que contribuyan a EE.UU.”.

A medida que las protecciones expiran, aquellos que no han solicitado otro estatus legal se verán obligados a salir del país o enfrentar posibles deportaciones, quedando algunos en una peligrosa situación de limbo legal. Los inmigrantes de Venezuela y Haití tienen la opción de solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una forma de alivio humanitario, y varios ya han iniciado ese proceso. Por otro lado, los cubanos cuentan con un camino directo hacia el estatus permanente, pero los nicaragüenses se enfrentan a más limitaciones, ya que sus opciones son bastante escasas. El asilo está disponible para todas las nacionalidades, aunque no todos los solicitantes logran calificar.

La Conferencia Republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU. ha cuestionado esta decisión, expresando en redes sociales que “aunque la libertad condicional puede no renovarse para algunos venezolanos, existen numerosas otras maneras en las que podrían ser autorizados a permanecer en el país”.

Esta noticia ha conmocionado a muchas comunidades y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, quienes ahora temen las consecuencias de esta falta de renovación y el futuro incierto que les espera.