El Consejo de Ministros ha tomado la sorprendente decisión de desclasificar, a petición de Junts, ocho documentos relacionados con los devastadores atentados yihadistas ocurridos el 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona). Estos ataques dejaron un luctuoso saldo de 16 víctimas fatales y alrededor de 300 heridos, marcando una de las tragedias más significativas de la historia reciente de España.

Según fuentes gubernamentales confirmadas por EL PAÍS y la SER, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido levantar el secreto sobre el registro de visitas de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, quien estuvo encarcelado en Castellón entre 2012 y 2014 por narcotráfico y es considerado el autor intelectual de los atentados. Este levantamiento de secreto ha sido objeto de un continuo reclamo por parte de Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont, desde marzo de este año.

Los documentos en cuestión han sido solicitados también por la comisión de investigación de los atentados en el Congreso de los Diputados. En total, se desclasificarán ocho documentos que abarcan los días previos a los ataques, lo que podría arrojar nueva luz sobre las circunstancias y acciones que llevaron a este suceso trágico.

En particular, el Gobierno prevé hacer públicos los registros de las visitas que los agentes del CNI realizaron a Es Satty en prisión. Durante una comparecencia anterior ante la comisión del Congreso, el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, había mencionado que estas visitas, que se concretaron en dos o tres ocasiones, tenían como objetivo la lucha contra la radicalización islamista que Es Satty podría estar fomentando en mezquitas y prisiones, aunque se enfatizó que no se trataba de encuentros con un informante.

Roldán también desmintió categóricamente que Es Satty fuera un confidente del CNI y aseguró que la agencia de inteligencia no poseía información previa sobre la ejecución de los atentados. Su defensa fue tajante: "Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos, ¡es una infamia!".

En un giro más reciente, el Tribunal Supremo ratificó en 2023 las condenas de 43 y 36 años de prisión a los principales acusados de los atentados, Driss Oukabir y Mohamed Houli. La desclasificación de estos documentos podría dar pie a un debate más amplio sobre la eficacia de los servicios de inteligencia y la gestión de la seguridad en el país. Esta situación está captando la atención no solo de medios y políticos, sino también de la sociedad civil, que busca respuestas y justicia tras un evento que dejó su huella en la memoria colectiva de España.