A pesar de los contratiempos judiciales que ha enfrentado el modelo de campos de deportación impulsado por la primera ministra ultraderechista de Italia, Giorgia Meloni, en Albania, la Comisión Europea continúa considerando esta controversial opción como una respuesta a la creciente inmigración. Con una Unión Europea cada vez más radicalizada y blindada, cada vez más países presionan por estas soluciones extremas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que están estudiando el costo financiero de establecer estos centros fuera de la Unión para enviar a los solicitantes de asilo.

En su carta a los líderes europeos, Von der Leyen enfatizó: “Hemos intensificado el análisis sobre maneras innovadoras de combatir la migración ilegal, guiados por las prioridades de los Estados miembros”. Su intención es integrar esta polémica estrategia en la nueva directiva de retornos que se está desarrollando, con la esperanza de que este sea el primer gran movimiento de su actual legislatura.

Es crucial evaluar todos los aspectos legales, operativos y prácticos de estos centros, así como las implicaciones financieras, sin sacrificar los derechos fundamentales ni el principio de no devolución, aseguró Von der Leyen. Esta carta marcará uno de los puntos de discusión para la cumbre en Bruselas, donde se abordarán estas “soluciones innovadoras”, un eufemismo para los centros de deportación en terceros países.

Un análisis del 'modelo Albania' revela cifras alarmantes: el costo aproximado por migrante asciende a unos 85.600 euros, mientras que en Italia, el mantenimiento de los migrantes en centros de acogida cuesta alrededor de 35 euros al día. Esto plantea serias dudas sobre la viabilidad financiera del modelo que Meloni está impulsando, especialmente después de que tribunales europeos invalidaran parcialmente su implementación, limitando el número de países cuyos ciudadanos podrían verse afectados por estas medidas.

Además, otros países como Dinamarca, Suecia, Grecia y Austria han expresado interés en adaptar el polémico modelo de Albania, con el objetivo de enviar a solicitantes de asilo de naciones con bajos porcentajes de aceptación a centros de recepción fuera de la UE hasta que se procesen sus solicitudes. Sin embargo, España se ha opuesto firmemente a esta idea debido a preocupaciones éticas y de derechos humanos, mientras que Alemania considera que la propuesta es demasiado costosa e impracticable.

Meloni, por su parte, ha instado recientemente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a desestimar las objeciones que amenazan su plan para deportar migrantes albaneses, advirtiendo que la negación de tales propuestas podría comprometer las políticas de repatriación de todos los Estados miembros. Con tensiones crecientes y posturas cada vez más polarizadas en torno al tema de la migración, el futuro de estas iniciativas sigue en el aire y promete generar intensos debates en el ámbito europeo.