El Gobierno de España ha tomado una decisión sin precedentes al aprobar un segundo paquete de ayudas para los perjudicados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que incluye 110 nuevas medidas. Estas ayudas, que se añaden a las del primer paquete lanzado hace una semana, superan ya los 14.300 millones de euros, constituyendo el mayor esfuerzo financiero en respuesta a una catástrofe natural en el país. El objetivo fundamental de este programa es reforzar el escudo social y laboral, previniendo despidos y apoyando a empresas y autónomos para que puedan reanudar su actividad sin caer en una crisis financiera o cerrar sus puertas de forma definitiva.

Se estima que cerca de 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares se beneficiarán de estas ayudas, lo que sin duda supone un alivio crucial para muchas familias y negocios que enfrentan una situación crítica.

El nuevo paquete de ayudas está especialmente dirigido a sectores profundamente afectados, como el agrario, que contará con 200 millones de euros en asistencia directa y otros 175 millones para la reparación de infraestructuras arrasadas. Entre las medidas clave se destaca el refuerzo de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), que han sido solicitados por más de 400 empresas. Asimismo, se congelarán los pagos hipotecarios y se destinarán 500 millones a la limpieza y retirada de lodo y escombros, una necesidad apremiante que han demandado los afectados.

A pesar de la magnitud del desastre, la gestión de la crisis ha mostrado déficits, algo que debe mejorar. La eficacia del plan dependerá en gran medida de la celeridad y transparencia en la entrega de ayudas a los damnificados. Esto es vital, sobre todo, tras experiencias pasadas con desastres como los de Lorca o La Palma, donde la reacción estatal no siempre fue la adecuada. La decisión de adelantar el 50% de las subvenciones es un paso positivo en este sentido.

Sin embargo, el clima político en torno a esta tragedia está comenzando a empañar los esfuerzos realizados. Durante los primeros días tras la catástrofe, la colaboración entre el Gobierno y la Generalitat Valenciana fue destacada, con el presidente Mazón agradeciendo públicamente la rápida respuesta de Pedro Sánchez. No obstante, el Partido Popular ha comenzado a lanzar críticas y a poner en duda la gestión, especialmente en lo que respecta al nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, en lugar de respaldar a su presidente regional.

La magnitud de esta catástrofe ha generado una profunda indignación en la ciudadanía, lo que podría tener repercusiones en la legislatura popular en Valencia y a nivel nacional. Nos encontramos en un contexto de creciente populismo y desconfianza institucional, algo que no debe pasarse por alto. La gestión de la crisis no sólo definirá el futuro inmediato, sino que también asombrará a todos aquellos que observan la respuesta del Gobierno y de las instituciones ante desafíos tan colosales como el que estamos enfrentando.