Fumata blanca en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Finalmente, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el Plan Nacional de Salud Mental 2025/2027, que pone el foco en la deprescripción de fármacos, un paso audaz que genera tanto esperanza como controversia.

El pasado 14 de febrero, algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron este plan debido a una oposición por parte de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). Este conflicto surge en un contexto donde el consumo de psicofármacos requiere una atención urgente, lo que también preocupa a la industria farmacéutica.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado su entusiasmo por lo que califica como el plan más ambicioso en la historia de la salud mental en España. Este proyecto aborda tres áreas críticas: el excesivo consumo de psicofármacos, la escasez de profesionales en el sector y la garantía de derechos para las personas que sufren problemas de salud mental.

España, alarmantemente, lidera el consumo de ansiolíticos e hipnóticos, con un aumento preocupante en los jóvenes y un doble aumento en el consumo entre las mujeres. La ministra ha enfatizado que aunque los psicofármacos son una opción, existen alternativas que merecen ser exploradas. Para ello, se desarrollará una guía orientativa sobre la deprescripción de antidepresivos.

Un informe reciente del Sistema de Información del SNS revela que las cifras muestran que el consumo de antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos es entre 1.5 y 3 veces mayor en mujeres que en hombres. Esto resalta la urgente necesidad de intervención y apoyo.

Además, se prevé un impulso en la regulación de la especialidad de psiquiatría clínica en la infancia y adolescencia, así como en el acompañamiento terapéutico. La ministra pidió a las comunidades que elaboren informes sobre las necesidades de recursos humanos en salud mental. Aunque han aumentado las plazas para psicología, psiquiatría y enfermería (un 100%, un 50% y un 82% respectivamente), todavía existe un grave déficit en este ámbito.

Por último, el plan defiende la garantía de derechos fundamentales para quienes padecen problemas de salud mental, proponiendo alternativas a las restricciones mecánicas y promoviendo prácticas más humanizadas. En este contexto, García anunció la creación de un Plan de Desinstitucionalización, dirigido a permitir que las personas vivan de manera autónoma e independiente, con proyectos de vida centrados en su autonomía.

"Estamos ante un plan que responde a los problemas de nuestra época y que involucra a numerosos actores para aliviar el sufrimiento psíquico y garantizar el derecho a una vida digna y sin dolor", concluyó la ministra. Este revolucionario enfoque no solo transformará la manera en que se aborda la salud mental en España, sino que también tiene el potencial de influir en políticas internacionales sobre este crucial tema.