El juicio que sacude el gobierno de Valencia

VALÈNCIA. Este viernes, la primera declaración judicial de autoridades políticas responsables por la Dana dejó una estela de acusaciones y un foco directo sobre los técnicos de Emergencias. La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, junto a su mano derecha, Emilio Argüeso, comparecieron ante la jueza, tratando de eludir toda responsabilidad por las decisiones tomadas durante el devastador 29 de octubre.

En lugar de aceptar su culpa, ambos funcionarios decidieron cargar las tintas en otras entidades, especialmente hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), alegando falta de información crítica para actuar a tiempo. Lo que sorprendió poco, ya que esta ha sido consistentemente su línea de defensa para intentar revertir su condición de investigados.

Protestas y tensiones en las puertas del juicio

A primera hora de la mañana, más de 50 personas, la mayoría familiares de las víctimas de la Dana, se congregaron frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia para protestar. Pradas, tratando de evitar el show mediático, intentó acceder por una entrada trasera, pero no tuvo éxito y tuvo que enfrentar a los medios y a los afectados, quienes la recibieron con gritos de "¡Asesinos!" y exigencias de dimisión.

Detalles del juicio: revelaciones impactantes

La comparecencia de Pradas se extendió casi tres horas, donde rompió a llorar en varias ocasiones, alegando que su papel era meramente institucional, afirmando que carecía de experiencia en emergencias. Aseguró que las decisiones no estaban bajo su control, ya que existía un Comité de Dirección en Emergencias que actuaba colegiadamente.

El ex número dos, Argüeso, siguió su ejemplo, señalando que las responsabilidades recaen estrictamente en los técnicos y en los protocolos que no se implementaron adecuadamente. Ambos insistieron en que la alerta no fue enviada a tiempo, pero, curiosamente, no asumieron la culpa por ello.

¿Falta de cooperación y fallos en la comunicación?

Las tensiones se intensificaron al revelarse que la alerta a la población llegó tarde, mientras que cientos de personas ya estaban en peligro. Pradas implícitamente acusó a la CHJ de no informar adecuadamente, mientras Argüeso deslizó la culpa a su propio equipo por la falta de coordinación y comunicación.

Se discutió la retirada de los bomberos que estaban supervisando la situación del barranco del Poyo, argumentando que este movimiento también contribuyó a la falta de respuesta adecuada durante la emergencia.

El presidente Mazón se distancia de la crisis

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, quedó fuera de toda responsabilidad, según las declaraciones de Pradas y Argüeso. Ambos exfuncionarios declararon que el retraso en la alerta no dependió de su figura, sino de la escasa información en manos de los técnicos.

Demandas de justicia y críticas a los responsables

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia en las calles. La indignación crece al ver que quienes estaban en posición de tomar decisiones parecen lavarse las manos en este asunto tan grave. Gonzalo León, abogado de la Asociación de Damnificados de la Dana Horta Sud, criticó a Pradas y Argüeso por no asumir la responsabilidad que les corresponde.

El juicio por las decisiones fallidas durante la Dana se convierte en un símbolo de la lucha por justicia y rendición de cuentas en la política valenciana, una crisis que ha dejado cicatrices profundas en la comunidad.