El magistrado del Tribunal Supremo, Ángela Hurtado, que lidera la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido levantar parcialmente el secreto de las actuaciones. Esta decisión ha sido considerada por fuentes de la Fiscalía como una potencial violación del derecho de defensa de García Ortiz y un riesgo para el principio de igualdad entre las partes del proceso judicial.

En una resolución reciente, Hurtado ha indicado que el levantamiento del secreto se refiere a las actas de entrada y registro que se realizaron en las sedes de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Madrid el 30 de octubre. Esta medida permite a las acusaciones responder a los recursos presentados por la Fiscalía con pleno conocimiento de las alegaciones formuladas por García Ortiz y Pilar Rodríguez, la fiscal jefe de Madrid. Sin embargo, los investigados no tuvieron acceso a la fundamentación del fallo judicial que ordenó el registro, lo que ha suscitado críticas por la falta de transparencia.

El nuevo auto del magistrado establece un plazo de cinco días para que las partes presenten sus alegaciones respecto al recurso de la Fiscalía sobre los registros. Además, menciona que el levantamiento del secreto también afecta a otro auto emitido el 8 de octubre que limitó el análisis de la información incautada únicamente a los despachos de García Ortiz y de Pilar Rodríguez. Esto se hace para investigar si han cometido un presunto delito de revelación de secretos, particularmente relacionado con la investigación de los delitos fiscales atribuidos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado Hurtado argumenta que el levantamiento parcial del secreto es necesario para que las demás partes involucradas puedan acceder a las resoluciones hasta la fecha. Menciona que las acusaciones no tuvieron la oportunidad de conocer la información anterior, mientras que la Fiscalía sí tuvo acceso a ella. Sin embargo, tanto el fiscal general como la fiscal jefe de Madrid no recibieron la fundamentación de las resoluciones, lo que genera serias preocupaciones sobre la equidad del procedimiento. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, tuvo acceso a esta información, pero no los investigados, lo que plantea interrogantes sobre la imparcialidad en el proceso.

El magistrado también señala que no es razonable que las partes formulen sus alegaciones al recurso sin tener un conocimiento claro de los autos previos. Resalta que el “conocimiento íntegro” de estos autos no compromete el resultado de la investigación. En el privado auto que ordenó el registro, Hurtado había dejado claro que la asistencia de abogados no era necesaria, justificando esto con la presencia del letrado de la administración de justicia. La urgencia de evitar la ocultación de pruebas fue uno de los factores que llevaron a esta decisión de actuar con rapidez.

En un contexto más amplio, este caso no solo destaca las delicadas relaciones entre los altos funcionarios judiciales, sino que refleja las tensiones internas en el sistema de justicia español. La controversia generada podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones judiciales y sobre cómo se manejan las investigaciones dentro de la Fiscalía. La situación está lejos de resolverse y se prevé que el interés mediático solo aumente a medida que este escándalo judicial avanza.