La Audiencia de Valladolid ha decidido remitir el caso de un funcionario de la Junta a la Audiencia de Palencia, tras la acusación de haber manipulado la declaración de la renta de una examiga en 2021. Se alega que el funcionario, en un acto de venganza por desavenencias personales, presentó una declaración fraudulenta que supuestamente obligaba a la mujer a pagar más de 4.000 euros, cuando en realidad le correspondía una devolución de más de 400 euros.

Este proceso judicial, que estaba programado para comenzar esta semana, se ha visto interrumpido después de que el tribunal se diera cuenta de que los hechos ocurrieron en Palencia. De este modo, en concordancia con el fiscal, se decidirá que la Audiencia de Palencia se encargue del juicio.

El acusado, identificado como David R.A, enfrenta una posible condena de hasta cuatro años y medio de prisión, además de un periodo de inhabilitación absoluta de siete años, según el artículo 198 del Código Penal, que se refiere a delitos contra la intimidad y falsedad en documento oficial.

Desde que asumió su puesto como jefe de la sección de Control Tributario en Palencia el 15 de marzo de 2021, este funcionario participaba activamente en la campaña de la renta de su administración. Inicialmente tuvo una relación amistosa con la mujer cuya declaración intentó manipular, quien había acudido a él en el pasado para recibir ayuda con su declaración de impuestos.

El giro inesperado en su relación se produjo tras enfrentamientos laborales entre la mujer y la pareja del funcionario, lo que aparentemente llevó a David a tomar represalias. Utilizando su acceso a la red de la Agencia Tributaria desde su puesto de trabajo, el empleado modificó la declaración fiscal de la mujer sin su consentimiento, a pesar de que ella ya había presentado su declaración correctamente en mayo de 2021, lo que resultaba en una devolución menor.

La víctima se percató de la situación el 30 de junio, cuando se dio cuenta de que se había cargado en su cuenta la cantidad abusiva de 4.494,50 euros, que incluía la falsa deuda tributaria y su devolución original, alterada por el funcionario. Ante esta irregularidad, la Agencia Tributaria actuó rápidamente, devolviendo las cantidades a la afectada tras su reclamo.

Este escándalo no solo pone de relieve potenciales fallos en la supervisión de las actividades de los funcionarios públicos, sino que también ha despertado un gran interés en la comunidad sobre cómo ciertos individuos pueden abusar de sus poderes. Ahora queda esperar a que la justicia actúe y se haga justicia ante esta peligrosa manipulación administrativa.