El contralor general de Panamá, Anel Flores, reveló este lunes un caso alarmante de incumplimientos contractuales de la Panama Ports Company (PPC), una filial de la hongkonesa CK Hutchison, que maneja los puertos de Balboa y Cristóbal. Según Flores, la auditoría ha desvelado que PPC le adeuda al Estado panameño más de 300 millones de dólares, además de irregularidades en la renovación de su concesión.

PPC ha gestionado los puertos desde 1997, con un contrato que originalmente tenía una duración de 25 años, renovado automáticamente en junio de 2021. Sin embargo, esta extensión se dio en medio de acusaciones de corrupción. Curiosamente, el Estado panameño solo posee un 10% de las acciones de la compañía.

La historia no termina ahí. En 2002, el contrato se modificó durante el gobierno de Mireya Moscoso. Esta modificación eliminó un canon anual de 22 millones de dólares que debería ir al fisco y cambió las condiciones para que el Estado solo obtuviera ingresos a través de un cargo por movimiento de contenedores, lo que ha llevado a pérdidas acumulativas estimadas en aproximadamente 1.200 millones de dólares desde entonces.

Flores no dudó en señalar que esta situación es fruto de negociaciones inapropiadas llevadas a cabo por antiguos funcionarios panameños. Además, indicó que la renovación del contrato fue aprobada sin cumplir con los requisitos legales y sin la aprobación obligatoria de la Contraloría.

Frente a esta situación, el contralor anunció que se presentará una denuncia penal contra los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y directivos de PPC, en un intento por esclarecer las circunstancias de una renovación que, según él, fue “excesivamente benévola”.

Este tema ha cobrado relevancia en la arena geopolítica. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que su gobierno estaba “retomando” el control del Canal de Panamá al señalar que “China está operando el canal”. Esto en relación a la presencia de CK Hutchison en los puertos de acceso.

Las tensiones aumentaron cuando Trump celebró un acuerdo de traspaso de la concesión portuaria a un consorcio liderado por BlackRock, una operación valorada en casi 23,000 millones de dólares. No obstante, el presidente panameño, José Raúl Mulino, desmintió rotundamente las afirmaciones de Trump, reafirmando la soberanía de Panamá sobre el canal: “¡El Canal de Panamá es panameño y seguirá siendo panameño!”.

La transacción entre CK Hutchison y BlackRock, que incluye los puertos de Balboa y Cristóbal, se había programado para concretarse el 2 de abril, pero se ha retrasado debido a una investigación del regulador chino, generando más dudas sobre el futuro de estas operaciones estratégicas para el país.