En un giro sorprendente de los acontecimientos, todos los empresarios acusados de pagar por sexo con menores en Murcia han evitado la cárcel, a pesar de la oposición de la Fiscalía a la suspensión de sus penas. En una decisión polémica, la Sala ha optado por aplicar un criterio que permite eludir condenas menores a dos años de prisión, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Esto incluye el pago de una multa, la imposibilidad de reincidencia en delitos similares, prohibiciones de contacto con las víctimas y la obligación de asistir a un curso de reeducación sexual.

El teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, no dudó en expresar su preocupación durante la primera vista oral: “El sistema no puede volver a defraudar a estas chicas”. Su advertencia se centra en la necesidad de garantizar una protección efectiva a las menores afectadas por esta red de explotación.

Esta decisión ha desatado un fuerte debate público, ya que, curiosamente, casi la mitad de las víctimas ha solicitado a los jueces que no envíen a los condenados a prisión, demandando en cambio una segunda oportunidad para ellos. La magistrada Concepción Roig explicó que las víctimas, muchas de las cuales han sufrido enormemente, prefieren que los acusados reflexionen sobre sus actos en lugar de simplemente cumplir una sentencia en la cárcel. Sin embargo, otras cuatro víctimas han clamado por justicia, exigiendo el encarcelamiento de los empresarios.

A medida que avanza el proceso, la segunda vista oral fue interrumpida para decidir el futuro de tres de las 'mamis', quienes buscaban a las menores cerca de colegios y discotecas, y cuya situación aún debe ser evaluada por la Audiencia. Además, la Sala debe pronunciarse sobre la suspensión de pena del último de los acusados, W. J. D., quien enfrenta penas de hasta 12 años por su implicación en la trama, transportando a las adolescentes a los lugares donde se llevaban a cabo estos encuentros ilícitos.

Este caso ha puesto de manifiesto las fallas en el sistema de justicia y la desesperada necesidad de una protección efectiva para las menores en riesgo de explotación. La sociedad demanda respuestas contundentes y justicia para estas víctimas, mientras que la polémica y el escándalo continúan alimentando el debate sobre la responsabilidad de los involucrados.