La Guardia Civil ha llevado a cabo una impactante operación en la que han detenido a 32 personas e investigado a otras 21, todos ellos acusados de delitos graves que incluyen fraudes alimentarios, falsificación de documentos y otros delitos contra la salud pública. En el ojo del huracán están falsos aceites de oliva virgen extra y productos caducados que estaban siendo reetiquetados para su distribución clandestina.

En el marco de la macrooperación llamada OPSON XIII, que ha impactado a todo el territorio nacional, se han realizado más de 3.000 inspecciones que revelaron un alarmante total de 2.000 infracciones administrativas. En Málaga, específicamente, la Policía Judicial de Coín ha desmantelado una red criminal que se dedicaba a la venta de productos alimentarios peligrosos, confiscando tanto maquinaria de envasado como 1.800 kilos de alimentos en estado preocupante: desde embutidos hasta pizzas caducadas.

Lo más inquietante de esta operación es el modus operandi de estos delincuentes, quienes eliminaban las fechas de caducidad de los productos, envasando y etiquetando productos en condiciones inadecuadas, reintroduciéndolos en el mercado sin ninguna consideración por la salud de los consumidores.

A nivel europeo, la operación ha tomado dimensiones impresionantes, con 29 países implicados y más de 100 órdenes de detención emitidas, logrando desmantelar 11 organizaciones delictivas en total. Las autoridades han comenzado a identificar una tendencia alarmante donde los alimentos caducados son reutilizados de manera ilegal. Este grave problema ha afectado especialmente a productos de alta demanda como el aceite de oliva y los vinos con Denominación de Origen Protegida.

La lucha contra el fraude alimentario ha sido reforzada gracias a la colaboración entre distintos organismos y secretarías de estado, incluyendo la Dirección General de la Industria Alimentaria y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, además de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

Más allá de Málaga, la operación ha revelado prácticas escandalosas en empresas conserveras en La Rioja y operativas ilegales de distribución de productos en Madrid y Valencia, donde se han practicado detenciones y se han confiscado grandes cantidades de alimentos en mal estado. Un caso particular es el de una empresa en Valencia que introducía colorantes y conservantes prohibidos en sus encurtidos.

En Sevilla, las autoridades han intervenido en establecimientos donde se reetiquetaban productos pesqueros cuyo tiempo de caducidad ya había vencido, llevando a la inmovilización de 45.320 kilos de productos ultracongelados. Asimismo, también se ha desarticulado una red que distribuía aceite de oliva virgen extra adulterado, añadiendo a la lista de detenidos un total de 11 personas en esta operación.

Este escándalo no solo pone de relieve la magnitud del fraude en el sector alimentario, sino también la necesidad de una mayor vigilancia y control para proteger la salud de los ciudadanos. Las investigaciones continúan y las autoridades advierten que es fundamental estar atentos a la calidad de los productos que consumimos, puesto que la seguridad alimentaria está en juego. ¡Mantente alerta y consume de manera responsable!