La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido abrir una investigación formal contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por posibles irregularidades relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Esta decisión llega como un giro inesperado tras el rechazo de un juzgado en septiembre, que desestimó una querella presentada por Vox acusando a Gómez de tráfico de influencias.

La resolución, firmada el 11 de diciembre, revoca esa decisión previa y remite el caso al juez Juan Carlos Peinado, quien ya estaba investigando a Gómez desde abril. El tribunal, compuesto por magistrados como Eduardo Bermúdez, Rosa Esperanza Rebollo y Juan José Escalonilla, ahora delega en Peinado la responsabilidad de decidir si la querella es admitida.

Vox ha denunciado que Gómez habría utilizado la cátedra para sus propios fines personales a través de su empresa, Transforma TSC. Según el partido de Santiago Abascal, se habrían utilizado fondos públicos para desarrollar un software destinado a la gestión de pequeñas y medianas empresas, que luego habría sido explotado para beneficio privado.

A pesar de las acusaciones, la juzgadora Coro Monreal había desestimado la querella inicialmente, argumentando que no había pruebas de que Gómez pudiera ejercer influencia sobre el funcionario responsable de la adjudicación de contratos relacionados con la cátedra. Sin embargo, ahora, la situación ha cambiado con la intervención de la Audiencia.

La polémica no es nueva; este caso se agudizó el año pasado tras una denuncia de Manos Limpias, un pseudo-sindicato, en la que Gómez fue acusada de favorecer a un empresario en adjudicaciones públicas y de estar implicada en el rescate financiero de Air Europa. Las acusaciones de Vox, HazteOir e Iustitia Europa han revitalizado el caso, dirigiendo la atención hacia su relación con la Universidad Complutense.

Es relevante mencionar que la Complutense ha desmentido en múltiples ocasiones que Gómez haya recibido trato de favor por ser esposa del presidente. A pesar de una irregularidad administrativa relacionada con la adjudicación de un contrato, la universidad aseguró que no existían pruebas de irregularidades involucrando el software, que no estaba registrado a nombre de Gómez.

En una reciente comparecencia ante el juez, Gómez negó todas las acusaciones y defendió que nunca se apropió del software ni solicitó ningún trato preferencial. Este escándalo continúa en desarrollo, y muchos se preguntan: ¿acabará afectando a la imagen del Gobierno y al futuro de Begoña Gómez?