El Tribunal Supremo de España ha decidido abrir una investigación tras la demanda presentada por el juez jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, contra la actual líder de Podemos, Ione Belarra. La polémica se desata después de que Belarra calificara al magistrado de 'corrupto' en redes sociales, lo que ha levantado una ola de controversia sobre el respeto al honor y la integridad de los jueces en el ejercicio de su función.

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha notificado esta decisión en un auto conocido recientemente, indicando que tanto Belarra como la Fiscalía tienen un plazo de 20 días para responder a la demanda. Este caso ha sido tramitado por la vía preferente, lo que subraya la gravedad y la atención pública que ha generado.

Inicialmente, García-Castellón solicitaba una indemnización de 120,000 euros, pero amplió su demanda a 240,000 euros tras un segundo ataque lanzado por la diputada en la plataforma X, donde volvió a acusar al juez de corrupción. Este magistrado, conocido por ser el instructor en el conocido caso Dina desde 2019, ya había tenido roces con figuras destacadas de la política, incluyendo un intento fallido de imputar al fundador de Podemos y entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

La controversia comenzó el 2 de septiembre, día en que se hizo oficial la jubilación forzosa del juez. En su Twitter, Belarra afirmó: 'Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, estos y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza'.

García-Castellón argumenta que este comentario causó una enorme repercusión, y llevó a 'infinidad de personas a creer que es un juez corrupto y prevaricador', lo cual califica de 'totalmente falso' y considera que atenta gravemente contra su persona y su carrera profesional. En este sentido, destaca que el comentario recibió 'tres mil interacciones y mil comentarios', incluyendo un sinfín de vejaciones e insultos hacia él.

Este caso plantea importantes interrogantes sobre la responsabilidad de los líderes políticos en las redes sociales y el impacto de sus declaraciones en la imagen pública de los funcionarios de justicia. La decisión del Tribunal Supremo no solo afectará a Belarra y García-Castellón, sino que también sentará un precedente en torno a la libertad de expresión y el derecho al honor, temas candentes en el actual clima político español.