El reciente escándalo que involucra a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha tomado un nuevo giro sorprendente. Durante el juicio del caso que investiga al novio de Ayuso, se ha revelado que una llamada inesperada del fiscal general, Álvaro García Ortiz, desencadenó la filtración de información sensible sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta.

Julián Salto, fiscal de Delitos Económicos, uno de los testimonios clave en este caso, compareció ante el Tribunal Supremo para detallar el contexto del escándalo. Durante su declaración, Salto expuso que fue informado por la fiscal decana de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, Virna Alonso, sobre la implicación de González Amador en una investigación el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este hecho pone de relieve el peso del momento escogido para las revelaciones.

El 13 de marzo, tras recibir preguntas sobre correos electrónicos exclusivos, Salto se encontraba disfrutando de un partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán. Recibió una serie de llamadas que culminaron en un mensaje alarmante de la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez, que le urgía a actuar bajo la presión de que "¡El fiscal general no puede esperar, lo necesita saber ya!".

Salto, sintiéndose presionado, dejó el partido y envió la información requerida, que posteriormente fue filtrada a los medios. La fiscal Almudena Lastra también comentó que había percibido la magnitud de la situación y alertó sobre su frustración con las filtraciones que afectaban la credibilidad del caso.

Además, se reveló que el fiscal general había borrado su teléfono móvil poco tiempo después del acontecimiento, lo que ha dejado muchas preguntas sin respuesta y ha levantado sospechas sobre su conducta en este escándalo. Según fuentes jurídicas, Salto aseguró que no existía protocolo alguno de borrado de dispositivos en la Fiscalía, contradiciendo la versión de García Ortiz.

Almudena Lastra no escondió su descontento por el tema, indicando que había sentido gran frustración por la filtración de los correos que provocó una nube de sospechas sobre la integridad de la investigación. También hizo evidente que el fiscal general, a quien se le atribuye la responsabilidad de la revelación, no respondió de manera concluyente al ser cuestionado sobre su implicación.

El desenlace de este caso no sólo podría tener repercusiones legales, sino que también podría afectar el panorama político en la Comunidad de Madrid. La presión aumenta para esclarecer todas las aristas de este escándalo que, hasta el momento, sigue revelando más sombras que luces.

Con los medios al acecho y la opinión pública interesada, este caso promete dar mucho de qué hablar en las semanas venideras. La integridad de la Fiscalía y la posición de Ayuso están en juego, y el desenlace se vislumbra más impactante de lo que se pensaba.